Contrariamente a lo ocurrido en 2009, en esta oportunidad el Ejecutivo provincial no dio intervención a la Fiscalía de Estado. Tras la información oficial, en la que se reconoció que el valor de venta fue preacordado con la empresa, todo parece indicar que el organismo debería intervenir en el tema, ya que no parece muy regular que en el marco de un proceso de licitación pública –tal lo definió el Tribunal de Cuentas– el Estado haya pactado con uno de los interesados alguna de las condiciones que debían cumplir los potenciales oferentes.
El convenio de venta de gas de regalías entre el Gobierno y Tierra del Fuego Energía y Química, que fuera rubricado el pasado 21 de septiembre, aún no fue elevado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para ser ratificado, paso indispensable para que el contrato tenga efectividad.
La demora responde a la ausencia simultánea de la provincia de la Gobernadora y del vicepresidente 1º de la Legislatura, Fabio Marinello, lo que ha motivo que por estas horas se encuentre a cargo del Poder Ejecutivo la legisladora Ana Lía Collavino del Frente para la Victoria.
La remisión se concretará, según se informó desde Casa de Gobierno, recién a comienzos de la semana pasada, una vez que la mandataria retorne a la provincia, lo que está previsto ocurra el domingo venidero.
Ríos viajó el lunes por la noche a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar ayer por la mañana de la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara de Senadores, para fijar postura respecto de la ley de protección de glaciares. El jueves por la mañana viajará a la provincia de Salta para estar presente en el VI encuentro de la ONG Red de Acción Política (RAP), que preside Alan Clutterbuck, y que se desarrollará hasta el sábado 2 de octubre.
Marinello, en tanto, se ausentó de Tierra del Fuego por razones familiares, estando previsto su regreso para el lunes 4.
En razón de ello, recién a comienzos de la próxima semana ingresaría al Parlamento el convenio en cuestión, que tomará estado parlamentario en la sesión ordinaria que fue convocada para el jueves 7.
Los ajustados plazos que se manejan llevaron a que desde sectores de la oposición y del oficialismo disidente se descartara de plano la posibilidad de que la ratificación del convenio con TFEQ pueda ser tratado durante el 6º encuentro parlamentario de este 2010.
Lo que no se precisó es en que fecha el tema podría llegar al recinto de sesiones. Mientras algunas de las fuentes consultadas indicaron que ello debería ocurrir en la sesión ordinaria que siga a la del próximo jueves, otras no descartaron que pueda convocarse a un sesión especial antes de que concluya el mes de octubre. Esta última alternativa podría implicar que los Legisladores Löffler y Frate del MPF, y Wilder del FPV no estuvieran presentes al momento de definirse la cuestión, ya que el sábado 9 estarían trasladándose a Buenos Aires para viajar al día siguiente a China como integrantes de la comitiva fueguina que visitará ese país asiático por invitación del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La ausencia de los parlamentarios se prolongaría casi por dos semanas.
Sin intervención de la Fiscalía de Estado
El Fiscal de Estado de la Provincia no tuvo intervención alguna en el proceso que concluyó con la firma entre la provincia y la empresa TFEQ del convenio para la venta de gas de regalías, que se utilizará como materia prima para la elaboración de Urea.
La decisión del Poder Ejecutivo de no dar participación a este órgano de control no deja de resultar llamativa, por cuanto marca un cambio de criterio al seguido en 2009 cuando remitió para análisis de la Fiscalía el frustrado contrato de venta directa que pretendió concretar con esa misma empresa.
Tras la información difundida por el Poder Ejecutivo, en la que se reconoció que el valor de venta fijado para el gas de regalías fue preacordado con la empresa TFEQ, todo parece indicar que la Fiscalía de Estado debería ahora sí intervenir en el tema, habida cuenta que no parece muy regular que el Estado, en el marco de un proceso de licitación pública –tal lo definió el Tribunal de Cuentas– haya pactado con uno de los interesados en participar del proceso alguna de las condiciones que debían cumplir los potenciales oferentes.
El inciso (d) de la ley de creación de la Fiscalía de Estado determina que corresponde a ese órgano “controlar la legalidad de la actividad del Estado y la de sus funcionarios y agentes, en cuanto obraren en el cumplimiento de sus funciones o invocando a aquél, a fin de asegurar el imperio de la Constitución y el cumplimiento de las leyes, y demás normas dictadas en su consecuencia”.
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