A pesar de los esfuerzos que haremos quienes pretendemos cambiar lo que allí está escrito, lo más probable es que se imponga el criterio kirchnerista de no modificar nada, como ha ocurrido con innumerables leyes, aun cuando esos cambios sean absolutamente razonables.

De un breve análisis surge, una vez más, que el Gobierno nacional subestima cifras del Presupuesto como lo ha hecho en los últimos años, pero también subestima al Congreso y a la sociedad en general.

No solo se ha marginado a la provincia de Salta de obras fundamentales, como la ruta 51 o la escasa cantidad de fondos para la construcción de viviendas, sino que se vuelven a establecer cifras mentirosas, subestimando el crecimiento económico, los ingresos y la inflación, para que el Gobierno disponga de los excedentes sin ningún tipo de control y con absoluta discrecionalidad, premiando luego a los “amigos” y castigando a los, cada vez menos, “enemigos”.

Se establece en el proyecto una inflación del 9,2%, cuando cualquier analista privado y la misma gente en la calle sabe que esta no baja del 25%. Sobre el gasto público, la subestimación es total, ya que en 2010 el gasto presupuestado era de $273.129 millones (12,36% superior al de 2009 real) y, finalmente, ese gasto fue de $315.120 millones, es decir, un aumento del 29,6% respecto a 2009.

Lo mismo sucedió en 2011: mientras que se presupuestó un aumento del gasto del 18,34% ($372.911 millones), se terminará gastando $425.307 millones, es decir, un 35% de aumento con respecto a 2011.

Se miente con el Indec todos los meses; se miente con las cifras del presupuesto; se miente cuando se dice que se van a hacer obras y estas están paradas, como la autopista Orán-Pichanal; se miente con los trenes, que se inauguran y no andan nunca y, evidentemente, algo queda.

Lo que el Gobierno nacional llama “el modelo”, está evidenciado en este Presupuesto, con una millonaria cifra para los subsidios a empresas y no a la gente (como hicimos en Salta cuando era gobernador), con una asistencia financiera cada vez mayor para Enarsa y Aerolíneas -entre otras empresas deficitarias-, con números inflacionarios y de ingresos alejados de la realidad, con un gasto público en aumento constante y con una obsesión por enviar cada vez menos fondos a las provincias, salvo que estas actúen de manera políticamente correcta, según el particular parámetro de algún funcionario.

En pocos días también los argentinos elegiremos legisladores nacionales para los próximos cuatro años. Está claro que este modelo tiene un respaldo circunstancial importante y también queda claro que desde los sectores de oposición, todos aquellos que pensamos en otro modelo de país no hemos sido capaces de elaborar una propuesta seria y abarcativa de todos esos sectores; pero como queda claro en este proyecto, debe haber un contrapeso que busque un equilibrio en el poder, de tal forma que se controlen los gastos públicos, se evite la corrupción, se pueda defender a las provincias y se ponga un límite a todo aquel proyecto que afecte las garantías constitucionales.

Para ello, es fundamental que se elijan legisladores comprometidos con las provincias y no con un modelo determinado, que sepan defender los intereses de todos y no los de un gobierno, que tengan voz para hacerse escuchar y no solo una mano para levantar según la orden del jefe de bloque.

Intentaremos cambiar lo que no nos gusta. No será fácil, pero da mucha impotencia saber que en el Presupuesto 2012 a cada salteño le corresponderán $5.218, mientras que a un santacruceño le tocarán $17.200, a un riojano $8.614 y a un tucumano $6.451, por citar algunos ejemplos.

La defensa del federalismo, de los valores de un país, de la Constitución Nacional, del cumplimiento de las normas nos debe unir a los argentinos en la senda del diálogo, del consenso y del respeto por el que piensa distinto.