"El punto es la inconsistencia de la ley de caducidad con el orden constitucional vigente en Uruguay y con las convenciones americanas de derechos humanos. Hay que buscar una forma de hacer consistente eso, y es dejar sin efecto los artículos 1, 2, 3 y 4", indicó ayer el canciller uruguayo, Luis Almagro.

Los primeros artículos de la ley 15.848 se refieren a la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, "equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

Si bien el canciller Almagro no se refirió a plazos, auguró un avance rápido del proyecto y prometió que harían "lo posible para promover esa solución".

El actual proyecto se apoya en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 2009, que estableció que la aplicación de la ley de caducidad es inconstitucional en un caso que investiga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974.

La ley de caducidad, aprobada en 1986, amnistió -salvo en ciertas excepciones- a ex militares y policías acusados de violar los derechos humanos en el régimen castrense y fue ratificada en dos plebiscitos; el primero, en 1989, y el último, en octubre de 2009 en las elecciones nacionales que ganó José Mujica.

La modalidad adoptada para el último plebiscito generó críticas, ya que quien quería pronunciarse por la derogación de la norma debía incluir un papel con el "sí", mientras que para la postura contraria no debía hacerse nada.

La ley se aplicó ininterrumpidamente en Uruguay durante 20 años. Pero en 2005, el electo presidente Tabaré Vázquez -primer mandatario de izquierda en la historia del país- se basó en el artículo 4 de la normativa para habilitar la investigación de algunos hechos que derivaron en el procesamiento de varios militares y policías.

El artículo 4 de la ley habilita al Poder Ejecutivo a investigar "actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".