El gobierno de Cristina Kirchner intentó ayer minimizar la existencia del programa "Proyecto X", de la Gendarmería Nacional, que recaba información de dirigentes sociales que podrían cometer delitos como cortes de calles. "Proyecto X es el nombre de un software para organización de datos, no es espionaje político", dijo a LA NACION un vocero de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Si bien la ministra iba a dar una versión oficial a las 18.30 de ayer, los voceros de Garré no volvieron a responder las consultas periodísticas. Finalmente, la ministra decidió fijar su posición sólo por la red social Twitter y de manera elíptica. Sin mencionar al Proyecto X, escribió: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales...". Y agregó: "Sostenemos una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial".

Días atrás, Garré había salido al ruedo para condenar las fotografías del diario Crónicasobre la fallecida modelo Jazmín De Grazia, pero ese mismo día nada dijo sobre la muerte de un fotógrafo francés que causó conmoción en la plaza San Martín.

La semana que pasó, pese a la postura de no criminalización de la protesta social, Garré justificó la represión a ex combatientes de Malvinas al decir que cometían un acto de "extorsión".

Tras la revelación del Proyecto X, los partidos de la oposición y las organizaciones sociales acusaron al Gobierno de "criminalizar la protesta social" y de "hacer espionaje".

Pero en Seguridad lo negaron. "Los medios lo quieren instalar como espionaje político, pero no es así", señaló un vocero de Garré. Y sostuvo que el Proyecto X es una "herramienta criminalística" de "procesamiento de datos" que son "recabados por las vías legítimas previstas en las leyes de seguridad interior y de inteligencia y bajo supervisión judicial".

Sin embargo, el mismo jefe de la Gendarmería, comandante general Héctor Schenone, no aclaró con precisión en su presentación judicial si los datos se buscan y almacenan por orden judicial previa.

El conflicto se sumó así a las críticas opositoras a la ley antiterrorista, también sospechada de impulsar la persecución a grupos políticos, sociales o gremiales que se manifiesten en contra del Gobierno. El jefe de la CGT, Hugo Moyano, también criticó esta semana el supuesto "cambio" de la Casa Rosada respecto de las protestas sociales.

Dos versiones

La represión policial se convirtió en un dilema de Cristina Kirchner. La semana pasada la policía catamarqueña había reprimido a manifestantes ambientalistas contra la minería en Tinogasta. La Casa Rosada no lo objetó, como tampoco lo hizo hace meses en Jujuy con los ocupantes del Ingenio Ledesma ni con las recientes manifestaciones petroleras en Santa Cruz ni con el conflicto de Kraft Food, hace dos años, o con las comunidades aborígenes Qom en la Capital.

Cuando más defendió la idea de "no criminalizar la protesta social" fue cuando no actuó en los cortes de ruta en Gualeguaychú; en los piquetes de organizaciones sociales en la Capital, en los incendios de trenes por los cuales fue acusado el diputado Pino Solanas, o en la protesta de ferroviarios que terminó con la muerte del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, en octubre de 2010..