Fue la respuesta inmediata a la presión por la inseguridad: habilitar a los fiscales a realizar allanamientos y ordenar escuchas telefónicas sin la autorización de un juez de Garantías, era el proyecto que el Gobierno anunció ante los sucesivos y resonantes crímenes de Adolfo Moreno y María Lourdes Gordillo.

Sin embargo, según explicó ayer el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, "se han hecho las consultas a los especialistas y la inconstitucionalidad entorpecerá las causas judiciales". Así, el funcionario, algo más de dos meses después de presentarlo, dio marcha atrás con una parte sustancial de su plan para combatir los delitos.

Aranda adelantó: "El proyecto lo tiene el Gobernador. Es casi seguro que separemos lo anunciado y sólo enviemos el de las escuchas, ya que el de los allanamientos es el que tiene los mayores planteos de inconstitucionalidad". De esta manera, el ministro admitió: "Los especialistas consultados nos sugirieron que el impedimento constitucional tal vez posibilite nulidades en el accionar policial y entorpezca aún más el proceso judicial e investigativo".

Así, acatando el consejo de los profesionales consultados, Aranda y su equipo enviaron el proyecto a la Gobernación con las observaciones, atento a que, en los próximos días, según dijo el ministro, se enviará a la Legislatura sólo el proyecto de las escuchas.

Este cambio de opinión no es el primer contratiempo que sufre aquel plan de Aranda. A días de presentarlo, otra de las columnas en la que se sustentaba se cayó cuando la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que no enviaría más gendarmes a las provincias a resolver conflictos sociales locales. Así, los efectivos de la fuerza nacional que se esperaban para aumentar los patrullajes, nunca llegaron.

El proyecto para "flexibilizar" los allanamientos y escuchas telefónicas fue propuesto el 19 de junio en el Ministerio de Seguridad en conferencia de prensa y luego en la Bicameral de Seguridad, e inmediatamente recibió críticas de sus miembros como así también de los integrantes del Poder Judicial. La contradicción con el discurso garantista del kirchnerismo también fue uno de los motivos que complicaron la salida del proyecto que buscaba agilizar los trámites policiales en caso de delito.

Fue así que los magistrados consultados por este diario en aquella oportunidad dijeron: "El fiscal no puede resguardar las garantías ni velar por los derechos de los ciudadanos. El juez de Garantías es una persona que no está contaminada con el proceso. Es demencial, sobre todo por la vulnerabilidad al derecho a la intimidad. La dirección de la Policía Criminal no la da el Gobernador sino la Corte de la Nación, que es excesivamente garantista".

Para defender la iniciativa, el Gobierno se amparó en la existencia de antecedentes de fiscales autorizados a allanar como en Córdoba y un proyecto del diputado radical Luis Petri, que proponía "otorgar la facultad a los fiscales en supuestos excepcionales, para ordenar el allanamiento de morada". El proyecto de Petri agregaba: "La mencionada potestad está reservada a los supuestos de imposibilidad material de comunicarse con el juez de Garantías o bien ante el peligro de frustración de la medida por la dilación en el tiempo".

Condicionados

El ojo de la Nación (sobre todo después del tratamiento de la ley para la flexibilización de las salidas transitorias de autoría también de Petri) y las críticas de los especialistas consultados, echaron por tierra el proyecto oficial. "Está todo listo para enviar el proyecto de las escuchas, sólo que en los últimos días la Legislatura ha tenido mucha actividad con la Ley Petri y la demanda a la Nación por la coparticipación", ratificó Aranda, quien para intentar minimizar el retroceso, agregó: "Mientras tanto, seguimos trabajando en la coyuntura, las 24 horas y los 365 días del año, codo a codo con los vecinos".

Desde la oposición vieron con desconcierto e ironía los cambios del Ejecutivo: "Cuando tratamos la Ley Petri hice mención a las contradicciones que tiene este Gobierno entre lo que dicen y hacen. Con la ley de las salidas transitorias el Gobernador dijo que era inconstitucional, pero no la vetó. Sebastián Sarmiento, del Servicio Penitenciario, la calificó de mamarracho inconstitucional y después siete legisladores justicialistas se levantaron para que la ley finalmente saliera. Esto demuestra que no hay quién lidere una opinión y por eso se ve la mano de la Nación", cuestionó el titular del bloque de Senadores de la UCR, Armando Camerucci.

El radical agregó: "En la Bicameral, el ministro de Seguridad y el de Trabajo, Justicia y Gobierno, defendieron a capa y espada el proyecto de los allanamientos e incluso nosotros le planteamos la necesidad de dar un plazo al juez para que decida y que luego llame al fiscal pero no quitar la potestad al magistrado así porque sí".

El proyecto fue parte del plan de seguridad que presentó en junio el ministro y en el que, acompañado por toda la cúpula judicial, anunció la habilitación de allanamientos exprés y la incorporación de 750 policías al Estado. La propuesta que, en su momento, avaló el Gobernador, no fue una innovación. De hecho todos los ministros de seguridad que antecedieron a Aranda plantearon, en las sucesivas crisis que enfrentaron, la posibilidad de agilizar estos procedimientos. Es que, según las quejas oficiales, la autorización del juez de Garantías demora la captura del delincuente.