La gobernadora Fabiana Ríos dijo que se mantendrá la prohibición de amarre, en el puerto de Ushuaia, de todo crucero turístico de bandera inglesa o que porte bandera de conveniencia. Señaló que la única forma que modifique esta posición es que se reforme la Ley 852, denominada «Gaucho Rivero». Sostuvo que pueden recurrir a la Justicia aquellos empresarios que consideren que se excedió en sus funciones.
Al ser consultada sobre las quejas de empresarios de turismo, por el efecto negativo que causa a esa actividad económica, Ríos sostuvo que «la ley la interpreto yo, no la Cámara de Turismo», subrayando que «si los empresarios están en desacuerdo, pueden recurrir a la Justicia si entienden que me excedí en mis funciones».
«He tenido que tomar una decisión, la tomé en el marco de la ley. Notifiqué a la Cancillería, hice todo lo que tenía que hacer y cada uno puede tener la opinión que quiera tener, la que da las directivas soy yo» sostuvo la mandataria.
«Si la Cámara de Turismo considera que la ley no es clara o que yo la he interpretado mal, tiene por un lado la vía judicial si considera que me he excedido, por otro lado la vía legislativa si considera que la misma debe cambiarse» sostuvo Fabiana Ríos, al hacerse eco de las repercusiones que tuvo la orden emanada durante la madrugada del domingo.
La aplicación de la ley «Gaucho Rivero» provocó que dos embarcaciones se vieran impedidas de amarrar en el puerto de Ushuaia, las que debieron desviar su curso hacia Punta Arenas.
Una de las embarcaciones que no pudo atracar en el muelle de la capital provincial fue el «Star Princess», un crucero de lujo con capacidad para 2.600 pasajeros, que ya había atracado en la ciudad austral en varias oportunidades durante los últimos años.
El otro crucero de lujo que tampoco fue habilitado a amarrar fue el «Adonia», de la empresa P&O Cruises.

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