El Gobierno está trabajando en un ambicioso programa de seguridad pública, con varios ejes de acción, que apunta no solamente a atacar problemáticas urgentes como el delito y los siniestros viales, sino también a fortalecer el funcionamiento de la policía, modificar leyes obsoletas -creando nuevos marcos normativos-, y hacer presente el Estado en las zonas de mayor vulnerabilidad social.
El ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo, bajo cuya órbita se impulsa el paquete de proyectos, explicó que la intención de la actual gestión es abordar el tema de la seguridad desde una mirada inclusiva, que no solamente “humanice” la fuerza policial, y mejore la capacitación y tecnología que usa, sino, fundamentalmente, “ir a la raíz” de las situaciones que pueden desencadenar la conducta delictiva, y diseñar políticas públicas para revertirlas.
“Por ahí se dice que no tenemos un plan de seguridad, cuando lo que se hizo en estos meses iniciales, después de hacer ‘piso’ en el ministerio y atender situaciones coyunturales, fue solucionar los problemas heredados y trabajar para resolver distintas cuestiones en materia de seguridad. Esa actividad, que fue intensa, llevará a los anuncios que la gobernadora hará en los próximos días”, expresó el funcionario.
Gordillo puso por ejemplo la falta de elementos y equipamiento que tenía la Policía provincial. “Nos habían dejado una Fuerza totalmente desmantelada, no había tecnología y faltaban recursos humanos. Tuvimos que incorporar desde uniformes y cascos, hasta camionetas. Esto último también lo pudimos concretar gracias a la colaboración del intendente de la Capital, Raúl Jalil, que nos ofreció fondos de Fortalecimiento Institucional que no había usado la anterior gestión, para poder tener diez nuevos vehículos”, señaló.
El ministro político mencionó también el tema de las cámaras de seguridad, de las cuales, asegura, recibieron funcionando apenas 8. “Hoy tenemos 31 de las 34 completamente operativas, y hay un plan para llegar a fin de año con 150. También, como se anunció oportunamente, habrá cámaras en las comisarías, para cuidar tanto a las personas que se detienen como a los mismos efectivos que trabajan”, argumentó.
Dentro de las iniciativas que se impulsan en materia de seguridad (ver detalle), Gordillo resaltó la elaboración de un “mapa de la vulnerabilidad social”, que es un relevamiento que se está haciendo para detectar las necesidades en los sectores más conflictivos de la provincia, y especialmente de la ciudad Capital.
“Siempre se habla del ‘mapa del delito’, con las zonas ‘calientes’ desde el punto de vista de la actividad de los delincuentes, pero nunca se toca la dimensión social. Tenemos que abordar la causalidad de los delitos, porque todos tienen una causa. El que roba, por ejemplo, no lo aprendió porque le gusta, sino porque probablemente no tenía ninguna otra perspectiva de vida”.
Gordillo por otra parte mencionó que ese mapa de vulnerabilidad permitirá al Gobierno intervenir, según la zona, con acciones focalizadas educativas, de inclusión laboral, sanitarias y de promoción social, para “atacar” las condiciones de exclusión que normalmente llevan a conductas delictivas.
“No se trata de ir a los sectores más vulnerados a perseguir supuestos delincuentes, sino de tratar, de una vez por todas, de mejorar las condiciones de las comunidades locales para evitar que surja el delito”, amplió el funcionario.
Accidentes
Otro eje central del trabajo propuesto buscará reducir la alta siniestralidad vial que registra la provincia, con números de heridos y víctimas fatales que van en alza.
En este sentido, se firmarán convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que proveerá capacitaciones y vehículos para controles en las rutas. Esta acción complementará la decisión de crear una Policía Vial, que tendrá poder para realizar controles en todo el territorio catamarqueño, y un Juzgado de Faltas provincial, que procesará todas las contravenciones. Las dos últimas iniciativas forman parte del paquete de leyes sobre la temática que el Ejecutivo remitirá a la Legislatura.
También se avanzará en centralizar el otorgamiento de la Licencia Única de conducir, que deberá ajustarse a las especificaciones de la Ley Nacional de Tránsito. En este contexto, se está acordando con los intendentes que la tramitación será a nivel del Ejecutivo, aunque el cobro de la tasa correspondiente quedará para cada comuna. Una parte de lo que se recaude por este concepto, no obstante, deberá destinarse a sostener programas de seguridad vial.
“Todo esto presupone un trabajo consensuado con muchos actores y a eso estamos abocados”, finalizó Gordillo.
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