Las demoras en el servicio del subterráneo, causadas por la decisión de la concesionaria Metrovías de retirar 20 unidades, generaron ayer el último choque entre el kirchnerismo y el macrismo, con los mismos pugilistas y argumentos de siempre: tanto el Gobierno nacional como el porteño insisten con que la responsabilidad del servicio la tiene el otro.

El primer golpe llegó de la mano de la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal. La respuesta la brindó el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, al anunciar una inversión de 800 millones de pesos en el ferrocarril Sarmiento, a días de que se cumplan 5 meses del fatídico choque que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. El anuncio se da en medio de la causa judicial en la que se investiga cómo se distribuyeron los millonarios subsidios del Estado que recibió el ex concesionario del ferrocarril TBA.

Las obras, que serán más de 50, derivarán en la suspensión por dos meses, del tren en horario nocturno –desde las 22 a las 4– entre las estaciones de Moreno y Once, escenario de la tragedia del pasado febrero.

“No ha funcionado en los subtes, no ha funcionado en los trenes, no ha funcionado en Aerolíneas Argentinas. Hay un problema en la política de transporte y el Gobierno tiene que empezar por reconocerlo”, se quejó la segunda de Mauricio Macri y reclamó “las inversiones que no hicieron”.

Más allá de la puja por la validez del acta de traspaso del subte firmado entre la Nación y la Ciudad en enero, ahora la polémica la motivaron los $108 millones depositados en el Banco Nación que Randazzo sostiene que son para inversiones y el macrismo retruca que tienen “destino operativo”.

“Uno no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano”, recriminó Randazzo, luego de afirmar que el Gobierno destinó un total de $210 millones, de los cuales $102 millones fueron utilizados para la operación del subte y los restantes $108 millones continúan depositados para gastos de inversión.

Mientras los delegados gremiales del subte alertan que el servicio se transformó “en una bomba de tiempo que está a punto de estallar”, se aleja la posibilidad de un encuentro para descomprimir la tensión. “Se han hecho todas las reuniones que se tuvieron que hacer, pero más allá de las reuniones hay que cumplir con la ley”, afirmó Randazzo. Además del acta acuerdo, el funcionario recordó la norma sancionada por el Congreso que avaló el traspaso.