El Gobierno Va A La Justicia Porque Cree Que Hubo Un "Intento De Desestabilización"

El Gobierno cree que detrás de la toma de Cerro Dragón estuvo "el objetivo de instalar el caos, la violencia e intentar presentar a este gobierno como débil y fácil de desestabilizar", según expresó el titular del Ejecutivo Provincial, Martín Buzzi, esta tarde. Con esas definiciones coincidió el Sindicato de Petroleros Privados Británicos, Mario Mansilla, quien afirmó que "aquí hubo un objetivo claro de desestabilización".
Buzzi le ordenó a la Fiscalía de Estado que formule una denuncia penal para investigar "las fuentes de financiamiento" de Los Dragones y volvió a cargar contra la empresa Contreras Hermanos.

El Gobernador anunció esta tarde que pidió al fiscal de Estado, Blas Meza Evans, que se presente en la justicia provincial y formule denuncia penal con el fin de “profundizar la investigación para esclarecer las fuentes de financiamiento del grupo Dragones, porque cada vez está más claro que detrás del ataque violento a las instalaciones de Cerro Dragón estuvo el objetivo de instalar el caos, la violencia e intentar presentar a este gobierno como débil y fácil de desestabilizar"

"Di instrucciones al Fiscal de Estado para citar a la empresa Contreras Hermanos, porque al no existir personería gremial, las transferencias que ellos le han hecho no tienen nada que ver con los aportes obligatorios", agregó.

"Estos aportes, hay que dejarlo muy bien en claro, se siguen realizando a la UOCRA, porque ese sigue siendo el encuadramiento sindical que corresponde al grupo de los Dragones", afirmó además.

El fiscal de Estado, añadió Buzzi, "profundizará la investigación sobre todas las fuentes de financiamiento" y "mientras tanto, con la suspensión de la personería de la asociación, nadie podrá hacer aportes a la mutual que, evidentemente, funciona como la plataforma de financiamiento para las acciones violentas que desarrollaron los Dragones en el yacimiento", subrayó.

El Gobernador instruyó además a la Fiscalía de Estado para que "requiera las medidas probatorias vinculadas a los movimientos económicos de las organizaciones involucradas y que se requiera de la empresa PAE toda la información que posea vinculada al corte parcial de la ruta que impide la normal actividad petrolera en Comodoro Rivadavia".

"Vamos a estar muy atentos, siguiendo muy de cerca todo lo relacionado con la financiación de los Dragones y poniendo en estado público toda la información que vayamos obteniendo", expresó además Buzzi.

El Gobernador obtuvo el respaldo del Sindicato de Petroleros Privados, que a través de su secretario general, Mario Mansilla, afirmó que "hay algo oscuro detrás de todo lo que pasó. Esta gente que no hay que confundirla con los trabajadores, lo que ha hecho es atentar contra la paz social de la provincia y tratar de desestabilizar el gobierno nuestro de la provincia del Chubut".

Los petroleros privados y el gobierno tratarán de encuadrar gremialmente a los trabajadores "que no participaron de hechos violentos", para sustraerlos de la órbita de influencia de Los Dragones y a esos fines, dijo Mansilla, "vamos a tratar de reflotar el expediente del año 2006 cuando se pidió un laudo sobre trabajadores que estaban involucrados por encuadre de convenio colectivo de trabajo, y darle el encuadre que corresponde".

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