Con el objetivo de alcanzar “normalidad” en el vínculo entre el gobierno provincial y los movimientos sociales veintidós organizaciones acordaron “establecer un sistema de inclusión social y laboral a través de una mesa de articulación”, que es presidida por el gobernador Jorge Capitanich, mientras que las organizaciones de desocupados “se comprometen a mantener la paz social, a no paralizar la ejecución de los programas ni recurrir a medidas de acción directa, sin la previa y necesaria instancia de mediación como alternativa de resolución de cualquier conflicto que surgiera en la etapa de ejecución”.
Si bien las autoridades del gobierno mantienen diálogo frecuente no han acordado convenios parciales con otros once movimientos: Barranqueras, Luchemos Juntos, 6 de Septiembre, Federal, Civil y Social, Autoconvocados, San Martín, 20 de Diciembre, Clasista y Combativo, Barrios de Pie y Polo Obrero.
Continuidad
de programas
La mesa de articulación integrada por representantes del Estado y los movimientos sociales que participan del acuerdo tiene como objeto “garantizar la continuidad de los programas que se encuentran en ejecución y/o que se ejecuten en las distintas jurisdicciones del Estado, Ministerios, Organismos Autárquicos y/o Descentralizados y la Fundación Chaco Solidario, como así también de los programas de construcción de viviendas populares e infraestructura social básica, tendientes a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los sectores sociales excluidos y vulnerables socialmente, logrando la inclusión social, educativa, laboral, integrando la revalorización de derechos en el marco de las políticas sociales de la gestión”.
Para avanzar en esos objetivos se trabaja en el Padrón Único de Beneficiarios de Programas a efecto de relevar la situación sociocultural, económica, educativa y laboral, en el marco de la ejecución de los programas citados y sus propias metas y que tenderán al perfeccionamiento de la implementación de los mismos y el mejor aprovechamiento de recursos, delimitación de objetivos e incluso la determinación de la calidad de vida, a través de la inclusión social, laboral y educativa contemplándose la terminalidad educativa y en su caso la alfabetización y/o profesionalización de recursos según sea el caso. Para ello la Mesa de Articulación conformada, llevará adelante las acciones pertinentes al efecto y las obligaciones por cumplir por cada beneficiario, teniéndose presente no sólo los objetivos específicos de los programas sino además las políticas sociales de esta gestión de gobierno”.
El Padrón Único, que se construye a partir de los beneficiarios actuales de los distintos programas nacionales y provinciales vigentes, pasará a conformar el “Programa de Transferencia Social Directa”, siendo el Ministerio de Hacienda el Organismo responsable de su liquidación y pago.
La tarea
La ejecución de programas para la inclusión social, como asimismo la construcción de viviendas populares e infraestructura social básica (cordón, cuneta, vereda, pavimento articulado, redes de agua potable y cloacas, redes de energía, apertura de calles, ripio y otras acciones complementarias), forman parte del presente convenio, debiendo garantizarse la combinación óptima de recursos humanos afectados bajo las diferentes modalidades y la certificación de los avances de obra mediante dictamen de profesional calificado del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, con título profesional habilitante.
A su vez los materiales que integran los insumos para la construcción de las viviendas populares deben respetar los precios testigos a la fecha de adquisición, a los efectos de garantizar transparencia en los métodos de selección de bienes y oferentes, garantizando un flujo de provisión en forma regular y continua. Se deberá constituir para cada movimiento social un comité de recepción de materiales designado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, para ejercer la fiscalización detallada de la cantidad, calidad y continuidad de abastecimiento de los elementos utilizados en la construcción de las obras.
Los movimientos sociales ejecutarán el prototipo de vivienda que se apruebe en cada caso, con la especificación técnica de materiales, con precios testigos, adquiridos por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y/o el movimiento social a través de la/las cooperativa/s con convenio vigente.
A través de la mesa de articulación, se propiciará y encomendará la inserción laboral en el marco de los nuevos programas de empleabilidad, para lo que se implementará la complementación y verificación de datos que surjan del Padrón Único de Beneficiarios de programas y a fin de lograr la promoción del trabajo formal.
Es en este contexto que los movimientos sociales que tengan a su cargo diversas tareas “se comprometen a mantener la paz social, a no paralizar la ejecución de los programas ni recurrir a medidas de acción directa, sin la previa y necesaria instancia de mediación como alternativa de resolución de cualquier conflicto que surgiera en la etapa de ejecución”.
A dicho efecto deberán necesariamente comunicar por escrito al organismo responsable técnico ello es la Mesa de Articulación a los fines de adoptar las soluciones que fueren menester en cada caso” y quienes no cumplan “quedaran automáticamente excluidos del presente convenio, perdiendo la totalidad de los beneficios vigentes”.
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