Todo tiene retorno. El hombre que desató una dura pelea entre el Gobierno y la Suprema Corte vuelve a aparecer y a aspirar a un cargo judicial similar, hecho que fue el detonante del conflicto. El hombre es Dardo Fernández, abogado y amigo del secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán.

Fernández vuelve a aspirar a ser juez de Cámara laboral en San Rafael, a pesar de que ya fue bochado el año pasado por el Senado. Parece haber fuerte presión desde el oficialismo, para que esta vez sume más bolillas blancas que negras.

El año pasado Fernández quería ser miembro de la Segunda Cámara laboral de la Segunda Circunscripción Judicial. Esta vez, el cargo es para la Primera Cámara Laboral del sur provincial.

Un dato relevante es que el artículo 83 de la Constitución Provincial indica que, en caso de que un aspirante sea rechazado por el Senado, el Ejecutivo no puede insistir con esa postulación durante dos años. Desde la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales dicen que no es el mismo cargo, que es una vacante en otra cámara. Cierto, es un lugar en otra cámara, pero la naturaleza y las atribuciones de ambas vacantes son las mismas. Ya fue bochado para ser camarista laboral, no debería importar si es la primera o segunda Cámara.

El mecanismo para llegar a esta instancia de la aprobación de los pergaminos por parte del Senado, es largo. Primero hay que rendir y aprobar ante el Consejo de la Magistratura. Cuando hay vacantes judiciales, el Consejo eleva una terna con los mejor calificados y el Ejecutivo elige y manda a la Legislatura el nombre del que debería ocupar esa vacante en el Judicial. Entonces, el Senado se encarga de dar el acuerdo, en votación secreta.

En este caso, el Poder Ejecutivo insiste en mandar el pliego del amigo de Cazabán para ocupar una plaza en la Justicia laboral de San Rafael. Pero ha pasado apenas un año de aquella primera vez, no los dos años que manda la Constitución. Tampoco Fernández ha rendido nuevamente ante el Consejo de la Magistratura. Rindió aquella vez, para la primera oportunidad y la vigencia de aquel examen vence en febrero de 2012.

En voz baja, algunos legisladores sostienen que la presión desde Casa de Gobierno es fuerte. Incluso se menciona el hecho nada inocente de que el primer pliego a votar es el de Fernández y, dicen que si el aspirante no logra pasar, habrán otros candidatos (de los nueve que deberán ser votados) que no pasarán el acuerdo del Senado.

En aquel infortunado debut, Fernández ostentaba un galardón: Desde 2009 era conjuez de la Segunda Cámara; es decir, un magistrado de remplazo, debido a que había rendido el examen del Consejo de la Magistratura. El bochazo del Senado hizo reaccionar a la Suprema Corte, quien prescindió de sus servicios. Entonces se desató una de las tantas guerras entre el Ejecutivo, con Cazabán a la cabeza, y el máximo tribunal.

Esa guerra, también tuvo presentaciones judiciales cruzadas entre Fernández y la Suprema Corte. El amigo de Cazabán presentó un amparo, para seguir siendo conjuez; el tribunal le inició una causa por usurpación de cargo. Este último expediente debía recaer en la Segunda Fiscalía Correccional de San Rafael, a cargo de Ariel Hernández, quien se excusó. Entonces la causa cayó en la Primera Fiscalía en lo Penal de Menores, también del sur.

El fin del conflicto se produjo el 23 de diciembre. Atrás quedaron las presentaciones cruzadas y asumió la actual camarista Marina Carayol en el lugar que pretendía Fernández. Ahora, el amigo de Cazabán vuelve a intentar llegar a la magistratura.