Se trata de un incremento al básico más un adicional de 300 pesos. Asimismo ofreció la liberación de topes a los adicionales. Esta es la oferta definitiva que hará el Gobierno provincial. Sin embargo, los policías decidieron rechazar el ofrecimiento y seguir en asamblea. El Ejecutivo por su parte, aseguró que garantizará la seguridad y analizará alternativas ante la intransigencia de los efectivos.
Funcionarios provinciales ratificaron que la propuesta era la definitiva e incluye otros ítems como una línea de crédito de siete millones de pesos para el desendeudamiento de agentes en doce meses y con cero tasa de interés y eliminar los topes a los adicionales.
Con el incremento ofrecido, las categorías más bajas de la fuerza tendrían una suba del 42 por ciento y las más elevadas, de un 39, promediando el 40 por ciento. Un agente sumaría mil pesos a su salario, más los beneficios sociales y adicionales, lo que llevaría su salario a más de cuatro mil pesos. La propuesta oficial supera largamente la pauta inflacionaria y casi duplica los acuerdos alcanzados en paritarias.
La suba salarial implicaría un desembolso de 150 millones de pesos anuales.
Los delegados que mantuvieron un encuentro con el gobernador Maurice Closs y los ministros de Gobierno, Jorge Franco y de Gabinete, Ricardo Escobar, salieron satisfechos con la oferta que superaba incluso el reclamo inicial de aumento al básico. Pero en la asamblea, en el Comando Radioeléctrico, los policías volvieron a rechazar la propuesta e insistieron con “un básico de dos mil pesos”, algo impracticable para las finanzas provinciales.
En la Casa de Gobierno lamentaron la intransigencia y advirtieron que “es esto o nada”.
En el Gobierno confirmaron que “se trabaja para garantizar la seguridad de la población” y se evalúan alternativas como pedir el apoyo de fuerzas federales, como la Gendarmería.
“Si eso ocurre y los bancos o las empresas privadas comienzan a contratar a gendarmes para hacer los adicionales, los policías pueden quedarse sin nada”, indicaron en la Rosadita.
El más duro en calificar a la intransigencia gremial fue el jefe de Gabinete, Ricardo Escobar, quien advirtió que la postura cerrada “revela que detrás puede haber otros intereses que exceden al reclamo policial y que se asemejan mucho a la sedición que en otro momento se hubiera considerado un golpe de Estado””.
Los policías en paro serían abastecidos con comida y otros elementos por la UTA y el gremio de Camioneros, además de recibir respaldos desde el Frente para la Victoria y el radicalismo.
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