El Gobierno no realizó el 94% de las obras públicas que figuraron en el presupuesto nacional del año pasado. Este dato, por demás abrumador, se constata en el informe que elaboró la Contaduría General de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, después de auditar la ejecución de los gastos y recursos de todas las áreas de la administración pública durante 2009. Quedó reflejado así hasta qué punto la ley de presupuesto, que debería ser la norma madre que rige la gestión pública, se convirtió en una mera ficción. Lo advierte la oposición, pero lo confirman los datos fríos que arroja la Contaduría General en su cuenta de inversión 2009, que no es otra cosa que el informe final de la ejecución presupuestaria. Ese informe fue remitido en junio al Congreso y ahora es analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Las cifras son llamativas. El presupuesto 2009 incluyó, en sus planillas, un total de 1141 obras públicas, de las cuales 1077 no se ejecutaron, nada menos que el 94%, concluyó la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que elaboró un pormenorizado análisis del informe de la Contaduría General. La enorme mayoría de las obras que no se hicieron corresponden al Ministerio de Planificación Federal, que comanda el todopoderoso ministro Julio de Vido. ¿Adónde se destinaron, entonces, los miles de millones de pesos que iban a financiar esas obras? Antes de responder a esta pregunta, conviene definir de cuántos recursos estamos hablando. El cálculo es simple: el Gobierno presupuestó obras por poco más de 3700 millones de pesos, pero sólo se ejecutaron algo más de 1100 millones, lo que implica que hay 2600 millones de pesos de diferencia que deliberadamente no se utilizaron para lo que disponía la ley. ¿Qué sucedió con esos 2600 millones de pesos? La respuesta es simple: las reasignó el Gobierno según su conveniencia en uso de la ley de superpoderes presupuestarios. La ley obliga al Gobierno a que, antes de ejecutar una obra, debe contar con el aprobación del sistema nacional de inversión pública, que verifica su conveniencia y factibilidad. Esto, en la práctica, no se cumple.

"Las planillas de obras públicas que figuran en la ley de presupuesto son un simple dibujo; luego el Gobierno utiliza discrecionalmente los recursos para atender otros gastos u obras no presupuestadas según su conveniencia política. El presupuesto se convirtió en un enorme cheque en blanco para el Gobierno y para De Vido", apuntó la diputada Reyes.

El presupuesto de 2011, que ya comenzó a discutirse en el Congreso, promete no ser una excepción. Para la oposición el proyecto del Gobierno ya es grosero: a varias obras se les asignaron partidas irrisorias, como por ejemplo al dragado del Río Uruguay. Apenas 10 mil pesos. En 2009 se le había destinado un millón; obviamente no se ejecutó. Este ejemplo se repite por decenas. Al mismo tiempo, se le permite a De Vido contraer crédito público con avales del Tesoro para emprender "obras prioritarias" por la friolera 7599 millones de dólares. La oposición le revocará esta facultad. menos que el 94%. Así lo reveló también la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que elaboró un pormenorizado análisis del informe de la Contaduría General. La enorme mayoría de las obras que no se hicieron corresponden al Ministerio de Planificación Federal, que comanda el ministro Julio De Vido.