El destino del servicio de pasajeros de trenes en Buenos Aires después de la tragedia del Sarmiento en la estación de Once –que dejó 51 muertos y unos 700 heridos–, desvela en estas horas a la presidenta Cristina Fernández, que ha permanecido en silencio frente al tema y vuelve hoy de Calafate. Es la agenda número 1 del gobierno, admiten desde el Ejecutivo.

No se descartan medidas esta misma semana. Trascendió fuerte la posibilidad de que se anuncie la intervención de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) como paso previo al retiro de la concesión del ramal Sarmiento a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano. No es la primera vez que la gestión Kirchner adopta una decisión de esta naturaleza: en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que le quitaba la concesión al empresario Sergio Taselli por las deficiencias en el servicio del Roca y Belgrano Sur. En ese momento, el Ejecutivo creó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que es manejada por las concesionarias vigentes.

Con los Cirigliano, las opciones no parecen ser tan fáciles y directas que como con Taselli. Se les atribuye a los dueños de TBA vínculos demasiado cercanos con el Ejecutivo en el mundo de los negocios. A los millonarios subsidios concedidos, se suma el hecho de que una empresa del grupo fabrica decodificadores digitales para la televisión oficial por 160 millones de pesos. Asimismo, el ministro De Vido abrió las puertas para que los Cirigliano se involucren en el negocio de la importación de gas con el gobierno de Qatar.

En cuanto a los subsidios otorgados a los hermanos para el manejo de los trenes, la cifra espanta: 100 millones de pesos, sólo en el último bimestre, para el funcionamiento de los ramales Sarmiento y Mitre. No obstante, los controles del Estado flaquearon o directamente no existieron. Los resultados están a la vista con los informes realizados desde 2008 por la Auditoría General de la Nación, que vienen advirtiendo "fallas graves" en las condiciones para realizar un servicio que utilizan 192 millones de personas por año en 1.000 trenes diarios (sólo en el Mitre y el Sarmiento). Gente que viaja no sólo hacinada sino resignada a una posible tragedia, que esta vez ocurrió con brutal elocuencia.

Ayer, el auditor general de la Nación, el radical Alejandro Nievas, advirtió que por "las fallas e inconvenientes que tenían carácter grave ya desde 2008 estaban dadas las condiciones para rescindir el contrato de TBA". Aseguró en este sentido que la empresa Trenes de Buenos Aires "no cumplió nuestras recomendaciones reiteradas" y ratificó que la Secretaría de Transporte tampoco "exigió su cumplimiento pese a las tantas graves deficiencias en el servicio marcadas".

El dato de que se entreguen tantos millones sólo para que el servicio "funcione", y sin controles, es un dilema para el gobierno que –por otro lado– se muestra en estas semanas implacable con empresas como YPF por la falta de inversión. El fuerte golpe que generó la tragedia y la indignación de parte de la sociedad mueve al gobierno a tomar decisiones, según se desprende de un sector del kirchnerismo, que tímidamente se está manifestando, y de señales que está dando la prensa oficial ("Página 12" y "Tiempo Argentino", sobre todo, que están insinuando responsabilidades claras de la empresa TBA). El malhumor oficial se alimenta también de la versión de que TBA usó parte de esos fondos públicos para comprar dólares y para realizar colocaciones financieras que incrementaron sus ganancias. En este sentido, se especifica que Favicor, una división financiera de la familia Cirigliano, percibe los subsidios del Estado y los deposita en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de varios bancos privados para obtener buenos intereses.

Grupos más decididos a un cambio dentro del gobierno promueven incluso una completa reformulación del sistema de transporte que se mantiene en la esfera de la Nación y es duramente criticado por los usuarios.

Éstas son las alternativas que se analizan en estas horas:

• Primero una intervención, para darse tiempo el gobierno y apaciguar las aguas. Se rumorea que mañana martes podría darse a conocer.

• Luego el retiro de la concesión a TBA.

• Probablemente el relevo de Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte autor de la insólita frase: "Si ocurría ayer feriado no hubiera sido tan grave". Su área venía siendo advertida de las penosas condiciones en las que se desenvuelve el servicio, por parte no sólo de la AGN sino también de la Defensoría del Pueblo y de los gremios ferroviarios.

• La duda que persiste es si reemplazar al concesionario por otro o avanzar en la idea de una estatización del servicio. El caso de Aerolíneas Argentinas y su ruinosa gestión que le hace perder al Estado dos millones de dólares por día no es un buen precedente al respecto.

• Se evalúa también un "plan de desarrollo integral" del servicio de transporte ferroviario, que incluiría a los trabajadores en la gestión. Como paso previo, se plantea la necesidad de realizar un inventario de máquinas, insumos –su magnitud y, sobre todo, estado– y un análisis del destino de la plata de los subsidios.

Si la idea es avanzar hacia una gestión estatal, como promueve parte del oficialismo, el dilema también es saber con qué dinero se haría todo esto. Probablemente se considere que lo que hoy se transfiere a los concesionarios bajo el concepto de subsidios puede ser parte del financiamiento que, de todos modos, requeriría de dinero del Presupuesto (antes bien, el desvío de dinero de otras áreas).