La gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generan en seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán dejó de estar a cargo de una empresa privada. Desde ahora, es el propio Estado -a través del consorcio metropolitano- el encargado de la disposición final de las 900 toneladas de basura que diariamente se recogen en las ciudades de la capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes.

Hasta el 1 de febrero pasado (ese día caducó el contrato), la empresa encargada de esa tarea era Servicios y Construcciones La Banda SRL, cuyo gerente, Mario Criado, está procesado por la Justicia Federal, acusado de violar la Ley de Residuos Peligrosos. No obstante, la empresa seguirá estando a cargo de la transferencia de los residuos en su planta de Pacará Pintado, hasta que esté lista la que funcionará en San Felipe, según lo consignó el presidente del consorcio metropolitano, Pablo Kunik. Precisamente, sobre Pacará Pintado también pesa una orden de cierre de la Justicia provincial, que prohibió que allí se depositen residuos.

Diariamente, la empresa Transportes 9 de Julio recoge 900 toneladas de basura, que luego son clasificadas en la planta que funciona en Pacará Pintado. Por el servicio de transferencia, el consorcio metropolitano abona $ 21 por cada tonelada. Al mes, significa una erogación de $ 500.000. Luego de la selección de la basura en Pacará Pintado, son 600 las toneladas diarias en condiciones de ser depositadas en la planta de Overa Pozo. Allí se hace la disposición final mediante un sistema de relleno sanitario. Por este servicio, el consorcio abona $ 103 por tonelada. Al mes, el gasto es de $ 1,6 millones.

Desde Pacará Pintado hasta Overa Pozo, la basura es trasladada en camiones. Por este trabajo, el consorcio metropolitano invierte mensualmente la suma de $ 650.000.

En total, el consorcio destina $ 2,7 millones al por mes para el circuito integral de la basura. Al año, la erogación asciende $ 33 millones. Antes de los cambios, la gestión de la basura estaba en manos de una sola empresa. El consorcio metropolitano disponía de un presupuesto anual de $ 31 millones, de los cuales el 93% iban directamente a manos privadas. Con el 7% restante se abonaban los salarios del personal del consorcio y demás gastos operativos.

Sobre este punto, Kunik garantizó la estabilidad laboral de los empleados que se desempeñan en Servicios y Construcciones La Banda SRL, y que serían absorbidos por el Estado.

"Hay una decisión política del Gobierno provincial de que no haya problemas sociales con la estatización de la gestión de la basura. Ninguno de los trabajadores que están dentro del sistema perderá el trabajo, serán absorbidos por el consorcio", aclaró el presidente.

Cada municipio tiene asignado en su presupuesto anual el monto que destina a la gestión de los residuos. Todos los meses, esos fondos son girados hacia una cuenta del Ministerio del Interior, que luego administra el consorcio.

Kunik señaló que con el nuevo sistema de gestión se producirá un importante ahorro en el servicio. "Pero más que un ahorro en sí, el objetivo es contribuir a desarrollar un servicio de calidad, responsable, y que no afecte el medio ambiente", explicó el funcionario.

Historia de marchas y contramarchas

1- El predio de Pacará Pintado recibió desde 2004 la basura de la capital, Alderetes, Las Talitas, Banda del Río Salí, Alderetes y Yerba Buena.

2- Desde el 1 de octubre de 2010 funciona como centro de separación de los residuos: una vez clasificada, la basura se envía a Overa Pozo.

3- La Justicia provincial concluyó que el predio contaminó el medio ambiente y por eso dispuso su cierre como centro de disposición final de la basura.

4- En la Justicia Federal, el gerente de Pacará Pintado, Mario Delfor Criado, fue imputado por la supuesta violación al artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos).

5- En agosto de 2009 se creó el consorcio con seis municipios: capital, Yerba Buena, Las Talitas, Alderetes, Banda del Río Salí y Tafí Viejo.

6- En noviembre de 2009, una celda con residuos se incendió en Pacará Pintado, lo que generó una gran polémica. En septiembre del año pasado volvió a producirse un siniestro.

7- Hasta 2009, la competencia en materia de residuos era del PE, ya que en 2005 se aprobó la Ley 7.622. Pero el Ejecutivo devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados.

8- A fines del año pasado, el Concejo Deliberante de la capital modificó el uso del suelo en San Felipe para que allí pueda efectuarse la separación y clasificación de los residuos.