Ese ofrecimiento ya fue rechazado por los gremios judiciales, que lo recibieron esta semana en la Comisión de Hacienda de la Legislatura, donde los diputados del oficialismo transmitieron cuál es la recomposición que el Poder Ejecutivo está dispuesto a aceptar. Pero el gobierno cree que la oferta podría ser aceptada por los sindicatos si el Superior Tribunal de Justicia le agrega un esfuerzo presupuestario propio que permita mejorarla en algún aspecto.

El interés de la administración de Jorge Capitanich no es sólo lograr que se resuelva un conflicto que desde abril mantiene a los juzgados funcionando a media máquina, sino que su deseo mayor es conseguir que el combo ofrecido a los judiciales quede confirmado como “pauta salarial” del año para todos los trabajadores del sector público.

El esquema de 5% de aumento en los básicos más los 150 pesos “en negro” (es decir, ni remunerativos ni bonificables) ya fue aplicado para acordar con UPCP y se planteó a otros sindicatos, como las entidades que agrupan a empleados del Insssep, del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura.

Suerte diversa

La receta oficial tuvo recepciones disímiles. Los legislativos parecen dispuestos a aceptar la pauta gubernamental, el gremio del Insssep logró una mejora extra por vía de las “bonificaciones por riesgo visual” y en el Tribunal de Cuentas la propuesta tampoco tuvo eco y el conflicto sigue abierto. El grupo numéricamente más importante dentro del Estado, los docentes, recién escuchará el lunes lo que el Ministerio de Educación tiene previsto ofrecerles.

En el caso de los judiciales, la sucesión de paros (que en las semanas transcurridas oscilaron entre duraciones de 48 y 72 horas) generó fuertes reclamos de las entidades que agrupan a los abogados del Gran Resistencia y del interior, quienes se dicen seriamente afectados por las huelgas, al punto que hasta planean pedir un subsidio de 1.000 pesos para los profesionales más nuevos y otro de monto aún indefinido para los más antiguos.

En la reunión que mantuvo con los integrantes del Superior Tribunal el jueves, Capitanich planteó que no piensa moverse de la pauta salarial definida para los estatales. Pero allí se habló de la conveniencia de que el STJ sume a la oferta del Ejecutivo un esfuerzo propio por mejorarla. Lo que resta saber es si, en ese caso, la cúpula del Poder Judicial buscará subir unos puntos el incremento porcentual en los básicos, o si optará por tratar de hacer más atractiva la suma que se agregará como monto fijo.

El aporte del Superior Tribunal podría definirse a comienzos de la semana que viene, cuando los diputados tengan el proyecto del gobierno en las manos y deban comenzar a analizar el asunto para ver si lo votan el miércoles próximo, como desea el Ejecutivo.

El encuentro entre el gobernador y los ministros del STJ fue gestionado por Juan Carlos Bacileff Ivanoff. El vice sigue siendo un puente entre las autoridades del Poder Judicial y la Casa de Gobierno, más estrecho desde que Capitanich decidió iniciar acciones de inconstitucionalidad contra los jueces Rolando Toledo, Ramón Avalos y Ricardo Franco por haber sido designados en sus cargos sin los concursos de antecedentes y oposición previstos en la Carta Magna del Chaco.