El presidente español, Mariano Rajoy, anunció la prohibición del pago en efectivo para cualquier operación superior a los 2500 euros (3300 dólares) en las que participe al menos un empresario profesional. De esta manera se deberá recurrir indefectiblemente a transferencias bancarias o pagos con tarjeta. El gobierno ibérico pretende con esta medida retener el dinero en las instituciones financieras y evitar el fraude fiscal. Mañana el Consejo de Ministros debe dar el visto bueno al proyecto dentro de un plan para combatir la evasión que incluye la primera amnistía fiscal en 20 años.

“El empleo y el crecimiento llegarán, estamos poniendo las bases para el futuro. Hacemos las reformas porque es bueno para España”, señaló Rajoy en el Congreso luego de presentar las medidas con las que su gobierno espera recaudar hasta 8171 millones de euros en 2012 con el objetivo expreso de reducir el déficit fiscal hasta el 5,3%, tal como se comprometió con la Unión Europea (UE). Adicionalmente, el plan contribuye a fortalecer el golpeado sector bancario español, un gesto que el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, agradeció con sus comentarios en la clausura del XIX Encuentro del Sector Financiero en Madrid. “España está haciendo sus deberes para salir de la crisis, pero no podrá hacerlo por sí misma”, declaró Martín, y realizó un tiro por elevación a la UE para que brinden apoyo a la recuperación española en este momento (ver aparte).

La penalidad que establece la medida para quienes no la respeten equivale al 25% de la cantidad abonada. Una sanción que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera exigua, ya que hace “más rentable” pagar la sanción. Según su razonamiento, citado por el diario El País, “defraudar implica ahorrarse el pago del impuesto de sociedades (que grava hasta un 30% del importe) y el IVA (del 4% al 18%), lo que supone un importe superior al del 25% que deberían afrontar como máximo en caso de ser pescados por Hacienda”.

Esta propuesta había sido anticipada en enero pasado por la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría. En aquella oportunidad, la número dos del Poder Ejecutivo no había estipulado el monto que se fijaría como límite, aunque había mencionado que tomarían de referencia los casos de Italia y Francia, países donde medidas semejantes ya se aplican. En el primero, el límite aún vigente para el pago en efectivo es de 1000 euros, mientras que en el segundo es de 3000.

Rajoy también se refirió durante su alocución ante el Congreso a la amnistía fiscal. Al respecto aseguró que era una medida “extraordinaria y excepcional”, que sólo estará en vigor durante este año y que ya fue aplicada por otros países, como Estados Unidos, Alemania e Italia, además de ser recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ella, el gobierno pretende recaudar unos 2500 millones de euros aplicando un “gravamen” de entre el 8 y 10% al dinero en negro escondido en España o en el exterior que se declare ante Hacienda.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se refirió a la amnistía fiscal aunque mediante el eufemismo “regularización de activos ocultos”. Según Montoro, la medida que tanta resistencia ha provocado entre los partidos de izquierda sirve para mantener los servicios y no subir más los impuestos, una situación que, está seguro, crearía mayores disgustos entre la población. <