La Justicia Federal de Concepción del Uruguay confirmó ayer por la tarde que se debe garantizar el libre tránsito en el puente entre las localidades de Gualeguaychú y Fray Bentos, cortado hace tres años por los asambleístas que manifiestan en contra de la pastera Botnia.

El juzgado a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel, confirmó que se debe garantizar el libre tránsito en el puente que une las localidades argentina y uruguaya.

Pimentel especificó en su fallo que existe una orden judicial previa que dispuso arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales de jurisdicción de aquel juzgado y la totalidad de los pasos fronterizos con Uruguay.

Además, busca "velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar las rutas y los pasos fronterizos”, se informó a través de la Agencia de Noticias del Poder Judicial.

También destacó que, expresamente, el Juzgado supeditó el cumplimiento de dichas demandas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministro del Interior.

"Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que, desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales, se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”, sostuvo el magistrado. Agregó que, si bien a la fecha no se han materializado aquellas órdenes, "ello no les quitó vigencia a las mismas, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización”.

Urribarri

Por su parte, el gobernador Sergio Urribarri, pidió anoche "tranquilidad" a los asambleístas y afirmó que no se reprimirá. "Quisiera llevar tranquilidad a la población de Gualeguaychú, descartando absolutamente la existencia de una voluntad política tanto del gobierno nacional como provincial de proceder por medios que potencialmente pudieran perturbar la paz social o la integridad de las personas", indicó el mandatario en un comunicado citado por la agencia Télam.

Urribarri agregó que "el levantamiento de la medida debe ser el resultado de un proceso de comprensión sobre su inconveniencia y de consenso de todos los actores de la ciudadanía al respecto".

Las implicancias de la resolución

En el fallo, el juez Pimentel resolvió: “Hacer saber al Sr. Jefe del Escuadrón n° 56 y por su intermedio al Sr. Director Nacional de Gendarmería Nacional Argentina que los mandatos judiciales instrumentados mediante los oficios n° 86/06, 299/06 y 1479/07 se encuentran plenamente vigentes, todo ello sin perjuicio de las atribuciones y deberes que le son propios en virtud de las disposiciones procesales que emergen del Art. 184 del C.P.P.N”.

De esa forma, el magistrado notificó a la fuerza que está en vigencia lo resuelto oportunamente por el juez Guillermo Quadrini, en el sentido de que tenía que garantizar la libre circulación por la ruta.

La resolución se conoció días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarara que la Justicia nunca había ordenado liberar el camino, luego de reunirse con el jefe de Estado uruguayo, José Mujica. El propio ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que estaba esperando el mandato judicial para ordenar que la Gendarmería proceda a levantar el bloqueo, pese a que personalmente no estaba de acuerdo. También destacó que el Juzgado supeditó el cumplimiento de dichas medidas y su modalidad operativa a las instrucciones que recibiera la fuerza preventora del Ministro del Interior.

“Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que, desde un inicio de los cortes de los puentes internacionales, se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la fuerza Federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”, dijo el magistrado.

Agregó que, si bien a la fecha no se han materializado aquellas medidas, “ello no les quitó vigencia a las mismas, pues expresamente y dada la especial conflictividad existente, se dejó librado a un criterio de oportunidad su instrumentalización”.