El Gobierno ve difícil evitar los paros

La gestión de Francisco Pérez prevé un segundo semestre "conflictivo" en materia de reclamos sociales. Buscará mantener la mejor relación posible con el SUTE y tender puentes durante el receso invernal para calmarlo, mientras apuesta al desgaste de los Judiciales.
El Gobierno provincial baraja la hipótesis de un escenario de conflictividad "importante" para el segundo semestre de este año, en materia de reclamos sindicales, y no espera que las dificultades que enfrentará sean menores a las del primer semestre.

Al mismo tiempo, aspira a que los tiempos jueguen a su favor -al menos por dos semanas- con la llegada del receso invernal el próximo lunes. Con la feria de Tribunales se abrirá un paréntesis en el plan de lucha de los Judiciales (ver aparte)y, con las vacaciones de invierno en las escuelas, se intentarán nuevos acercamientos con el SUTE. La conducción docente tiene un escaso margen de negociación tras la resolución por plenario de la doble jornada de paro (el segundo día con movilización) del 23 y 24.

El Ejecutivo ya ha tomado la decisión de no reabrir ninguna discusión salarial hasta fin de año que implique incrementos para 2012, aunque mantendrá abiertas las paritarias para negociar temáticas no salariales. En ese sentido se ha fijado avanzar en el cumplimiento, "hasta donde sea posible", de pautas acordadas en anteriores paritarias y en reclamos actuales sobre condiciones de trabajo, errores de liquidación, concursos, pases a planta o asignaciones familiares.

En el conflicto judicial el Gobierno apuesta al desgaste de los huelguistas, al quiebre del sindicato, al reconocimiento a un segundo gremio, al descuento de los días de paro por parte de la Suprema Corte y -finalmente- a la próxima transferencia de la paritaria al máximo tribunal, vía autarquía judicial (ya acordada con la UCR).

Pero la principal preocupación de la Casa de Gobierno es el reclamo de reapertura de la discusión salarial por parte del SUTE, un pedido que el Ejecutivo considera "de imposible cumplimiento" tal como en su momento calificó el reclamo inicial de "enganche" salarial de los Judiciales. En ese sentido, en la Casa de Gobierno reconocen que "son pocas" las chances y que será "difícil" desactivar el doble paro docente.

Las relaciones entre el Ejecutivo y la conducción del SUTE se han enfriado -aun compartiendo el espacio político- luego del acuerdo salarial de ATE-Salud y Ampros, que superó largamente al del gremio docente.

El SUTE vive una tensión interna permanente entre el oficialismo kirchnerista y la oposición de izquierda que se hace muy visible en los plenarios. La opositora Marrón se ha pronunciado por dar la batalla interna en el gremio y ha renunciado expresamente a cualquier quiebre del SUTE o la afiliación a otro gremio, rechazando la idea de un "ATE docente", que a la vez aparece como una amenaza externa que puede quitarle afiliados. Esto obliga a la conducción a permanecer al frente de las disconformidades o reclamos.

"El Gobierno miente. Sí tiene plata para responder al reclamo salarial", dijo ayer un endurecido secretario general, Javier Guevara. "Si tomamos en cuenta los números de recaudación informados por Rentas, el Estado sí tiene recursos para afrontar lo que reclamamos. No se entiende la actitud del Gobierno que, por un lado, no quiere sentarse a negociar y por el otro, maneja una proyección de lo que va a ingresar superior a lo que habían previsto", manifestó.

Recordó que si no reciben "una respuesta pronta" (sobre su pedido de reapertura de discusión salarial) se llevará a cabo "una doble jornada de lucha con un paro por 48 horas a partir del regreso a clases". Remarcó que esas medidas de fuerza "sólo se desactivarán si el Gobierno se sienta a dialogar (con el sector) aumentos para la segunda mitad del año y una veintena de ítems acordados en paritarias que aún no se cumplen".

Agregó que "continuamos pidiendo los pagos de zona, el adicional por trabajar en zonas especiales (encierro, albergues, entre otros), escala de antigüedad, equiparación de las asignaciones familiares (de 220 a 270 pesos) y, finalmente, algo que es nacional pero pretendemos que el Estado provincial presione, y que tiene que ver con la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias".

Finalmente, Guevara denunció -junto a los representantes sindicales en la Junta Calificadora- que Walter Berenguel, un director de línea de la Dirección General de Escuelas, "ganó" un cargo concursado ante un jurado que integraba. "No sólo no se abstuvo sino que (cuando lo ganó) mandó a un tercero para que tomara el cargo por él".

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