Un día después de la reunión cumbre entre la presidenta Cristina Kirchner y su par de Uruguay, José Mujica, el Gobierno adelantó ayer que desalojará el puente de Gualeguaychú, cortado hace más de tres años por el conflicto por la pastera UPM (ex Botnia), pero advirtió que antes buscará una orden de la justicia federal que legitime esa decisión.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, planteó enfáticamente que la Casa Rosada "no está de acuerdo" con el bloqueo y que "hay que levantar el corte" de la ruta 136 y del puente fronterizo que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

El puente internacional General San Martín permanece cortado desde 2006, cuando los asambleístas de Gualeguaychú decidieron bloquear el paso en forma permanente para exigir el cierre y relocalización de la pastera Botnia (ahora UPM).

La causa principal en contra del corte está radicada en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel. El grupo Ciudadanos Movilizados por el Levantamiento del Corte hizo una presentación penal el 20 de mayo último, días después del pronunciamiento del Tribunal Internacional de Justicia con sede en La Haya .

En rigor, la denuncia fue formulada ante la Fiscalía del Juzgado, a cargo de María de los Milagros Squivo, invocando el artículo 194 del Código Penal, que castiga con prisión de tres meses a dos años a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes y las comunicaciones.

En la Fiscalía sostenían ayer que habían enviado la requisitoria al juez para que resuelva, pero en el Juzgado esgrimían que todavía ese trámite no se había hecho.

Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, tras reunirse con Mujica en Colonia anteayer, la Presidenta considera que se debe poner fin al bloqueo de los asambleístas de Gualeguaychú para normalizar las relaciones entre la Argentina y Uruguay. El Gobierno siempre se negó a utilizar la fuerza pública para desbloquear ese paso fronterizo.

Ello acentuó el conflicto bilateral con Uruguay, por temor a que la represión produjera víctimas y a pagar un costo ante sectores progresistas afines al Gobierno que rechazan la utilización de la fuerza.

Sin embargo, en Balcarce 50 aseguraron ayer que la postura oficial cambió, pero antes buscarán que la Justicia convalide la medida.

En declaraciones radiales, Randazzo dijo que "si un juez lo ordena, el jefe de Gendarmería tiene que desalojar el puente". Y agregó: "Es un conflicto que se extendió durante mucho tiempo y hay que levantar el corte". Sostuvo que "hay muchos ciudadanos de Gualeguaychú y Fray Bentos que están en contra del corte y lo denunciaron ante la Justicia.

"Hay que ser lo suficientemente inteligente para no derivar en un conflicto aún mayor", sostuvo el ministro del Interior. "Esperemos que llegue la orden judicial: no vamos a reprimir ni a terminar en un conflicto con lastimados, heridos.No es el camino".

El jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, había anticipado más temprano que se solucionará el conflicto y que la medida será levantada. "Esperamos que a cortísimo plazo podamos tener el caso resuelto", dijo.

"Es inaceptable que estemos pasando por situaciones enojosas, por no administrar las cosas como corresponde", agregó Fernández, que comanda las fuerzas federales de seguridad.

Cristina Kirchner, tras reunirse con Mujica, responsabilizó de la falta de soluciones a la Justicia. Ahora, el Gobierno asegura que se utilizará la fuerza pública si mediara una orden judicial, pese a que siempre se negó a usar para ello a la Gendarmería.

Según dijo Aníbal Fernández a Radio 10, el Gobierno está "convencido de que en no mucho tiempo más vamos a encontrar una forma inteligente de poder resolver este tema en forma definitiva".

En cambio, Randazzo señaló que "hay que ser muy prudente porque la Argentina tiene una historia trágica, como el desalojo del puente Avellaneda con Kosteki y Santillán".