Actualmente la masa salarial en la provincia, donde hay más de 25.000 empleados provinciales y otros 5.800 municipales, representa el 75 por ciento del presupuesto de Rentas generales, lo que significa que para el resto de las acciones de gobierno -salud, combustible, créditos para la producción, gastos de funcionamiento, obras públicas, por ejemplo- sólo quedaría el otro 25 por ciento.

El Presupuesto provincial para 2012 se hizo en base a pautas de crecimiento de recaudación de Nación, que a la fecha no se está cumpliendo. De hecho, el gobierno nacional le debe a la Provincia más de 900 millones de pesos para obras públicas que ha tenido que adelantar la administración de Oscar Mario Jorge de sus propias arcas.

Los datos informados por el gobierno a LA ARENA también hablan de las limitaciones que tiene la Coparticipación para ser utilizada en sueldos. Actualmente, y en lo que va del año, esos fondos nacionales crecieron en el orden del 19 por ciento. Y recién habría una aumento de esta pauta en septiembre. Por eso en la negociación con los gremios de empleados estatales se puso como horizonte ese mes. Para entonces, se sabrá qué pasa con los mercados internacionales que están en retracción y cómo afectará esta tendencia a la economía de nuestro país. Esto va a determinar la evolución futura de la coparticipación a las provincias. Así, en septiembre se sabrá con qué recursos nacionales contará la Provincia para afrontar la última etapa del año.

Porcentajes y diferencias.

La cuestión, planteada ayer por ejemplo por el ministro de Gobierno César Rodríguez, es que los fondos coparticipables ya no serían suficientes para pagar la masa salarial. El año pasado se dio un aumento del 30 por ciento en los sueldos de la administración pública, que sumado a otro 1 por ciento que suben por la antigüedad, impacta de lleno en los números de 2012. Desde el gobierno provincial advierten por esta situación, ya que al aumento del 31 por ciento se le debe sumar el 8 por ciento dado en un primer momento en febrero pasado y el 11 por ciento posterior. Sin embargo, la coparticipación que sólo creció el 19 por ciento ha sido sobrepasada por estos gastos, que se deben solventar con los fondos de rentas generales. De hecho, ante este escenario, la cuenta de inversión del año 2011 cerró con un déficit del orden de los 200 millones de pesos y el presupuesto para este año se presentó con un déficit en rentas generales del orden de los 177 millones de pesos.

De esta manera, frente a los aumentos salariales superiores al 30 por ciento desde el año pasado y un incremento de la coparticipación que no alcanza esos niveles, se advierte que La Pampa podría llegar a endeudarse si el incremento en los salarios es superior al 19 por ciento.

Provincia "prolija".

La última oferta salarial del gobierno propuesta la semana pasada a los representantes de los gremios estatales no fue cerrada. Si inicialmente se había hablado de octubre para volver a sentarse a conversar para el último tramo del año, luego se propuso el mes de agosto para analizar nuevamente la posibilidad de un aumento mayor de acuerdo a las posibilidades que el presupuesto pampeano permita en ese momento.

Sin embargo, en la actualidad con el nivel de aumento que propuso el gobierno provincial, no habría déficit. La Pampa es considerada una jurisdicción "prolija", lo que le juega en contra en algunas oportunidades ya que la convierte en una jurisdicción que no es prioridad para Nación en el envío de fondos y planes ya que cuenta con recursos propios y no tiene deudas.

Esta situación financiera y económica es muy diferente a otras jurisdicciones que también están negociando la pauta salarial para este año. De acuerdo a un informe del diario Ambito Financiero, se puede observar el panorama de déficit por el que atraviesan distintas provincias a partir de la crisis mundial que golpea en la recaudación y llama a un manejo prudente de los fondos provinciales teniendo en cuenta que se prevé un segundo semestre muy duro.

Ejemplos cercanos.

En Mendoza, por ejemplo, el gobierno local abrió los sobres con las ofertas realizadas por al menos cinco bancos internacionales interesados en el diseño y colocación de un bono por 350 millones de dólares, destinado a financiar la obra pública.

Asimismo, en un contexto de dificultades financieras, la Legislatura provincial aprobó meses atrás un endeudamiento de 1.500 millones de pesos de los cuales 200 millones serán cubiertos por un préstamo del Banco Nación, mientras que el resto, unos 1.300 millones de pesos, se obtendrá mediante la colocación del bono.

Cabe destacar que hasta el momento, otras provincias, como Salta y la Ciudad de Buenos Aires, que encararon emisiones este año, pagaron una tasa de entre el 9,5 por ciento y 12,5 por ciento, de acuerdo con los términos que fijó el mercado internacional.

Además, el ministro de Hacienda mendocino, Marcelo Costa, justificó la emisión del bono al explicar que "desde hace diez años que el déficit se ha agravado, se podría compensar a través de medidas, pero cabe aclarar que la recaudación entre 2003 y 2010 de Mendoza fue la peor a nivel nacional después de La Pampa, que nos dejó un déficit de base de 2.000 millones de pesos".

Por su parte, en Entre Ríos, el distrito que gobierna el justicialista Sergio Urribarri, hubo un aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que produjo un tractorazo.

Mientras que en Buenos Aires el gobernador Daniel Scioli impulsa cambios impositivos para compensar la quita en la coparticipación. Y enviará un proyecto de ley para modificar tasas.

En un intento de apuntalar las finanzas municipales, castigadas por una merma de coparticipación de 900 millones de pesos, Scioli enviará el proyecto que incluye un paquete de medidas económicas e impositivas destinadas a incrementar la recaudación.

Entre las versiones que circulan de manera extraoficial se habla de potenciales subas en el Impuesto Inmobiliario Rural -que ya había sido aumentado- y un retoque en Ingresos Brutos que podría alcanzar sólo a sectores puntuales.

¿Se pagarán los sueldos?

Hay inquietud entre los empleados del Estado provincial sobre si el viernes 27 el gobierno pampeano pagará o no los sueldos ante la paralización de la administración pública. Es que los paros de las últimas semanas, y el que está programado para esta de tres días -martes a jueves- podría llevar a que en Contaduría no se lleguen a procesar los salarios para este mes. Ayer LA ARENA intentó consultar telefónicamente a funcionarios de la Provincia, entre ellos el jefe de gabinete, Ariel Rauschenberger, y al ministro de Hacienda, Sergio Violo, pero sin resultado.

La preocupación de muchos empleados es que el próximo fin de semana será "largo", ya que el lunes 30 y el martes 1º de mayo fueron decretados por el gobierno nacional como feriados por el Día del Trabajador. De esta manera, la posibilidad de no cobrar los sueldos se extendería hasta el miércoles 2 de mayo.

Algunos consultados indicaron que esto podría salvarse con la reiteración del pago realizado en abril, y que posteriormente se haría una readecuación a los sueldos que deberían pagarse a comienzo de mayo.

“El 135% de la coparticipación va a sueldos”

El funcionario afirmó que durante la gestión del gobernador Jorge los salarios se incrementaron el 174 por ciento. Se mostró preocupado por los continuos paros y por el corte de ruta del jueves.

Junto a la vicegobernadora Norma Durango y la ministra de Educación, Jaqueline Evangelista, el titular de la cartera provincial de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, participó del acto por el 120º aniversario de Santa Rosa en representación del gobierno de La Pampa. El funcionario defendió lo actuado por el Centro Cívico en el largo conflicto que mantiene con los trabajadores estatales y aseguró que el diálogo y la propuesta salarial no están cerrados.

Rodríguez conversó con los medios de prensa en horas del mediodía, antes de retirarse del centro santarroseño, cuando había finalizado el desfile cívico-militar frente al municipio. “Hay que respetar las medidas que están tomando los empleados y, por supuesto, que uno ve con preocupación que la medida de fuerza adoptada en el último tiempo. Ojalá que podamos volver a charlar sobre la política salarial de los estatales. La oferta del gobierno provincial no está cerrada, está para seguir conversando. En función de eso tenemos la expectativa de poder encontrar una solución que convenga a las dos partes”, dijo.

–¿Le preocupan los paros o el corte de rutas nacionales del jueves pasado?

–La preocupación es en general. El paro, al margen del corte en una ruta nacional, significa que hay sectores de la provincia que son claves y se paran por la medida de fuerza. Los perjudicados son los vecinos, como ocurre con los proveedores, o con la particularidad que se dio en este tiempo con el Ministerio de Educación: con los paros sumados a los feriados que hubo se complicó la respuesta en el caso de los maestros que tenían que cobrar su salario.

–¿Hay una decisión política de no poner policías a custodiar las manifestaciones?

–El gobierno respeta las decisiones que se toman. Se hace un control de la situación, mínimo elemental, para que no se desborde. Gracias a Dios no hubo ningún tipo de conflicto, pero también gracias a la conducta de los trabajadores que se manifestaron.

–¿Van a convocar al diálogo antes del paro de 72 horas que se avecina?

–Siempre está la convocatoria. La semana pasada se hizo antes del paro, pero no conformó a los sindicalistas. Siempre la idea de convocar a charlar está.

–¿Fue genuina la participación de los intendentes en la última reunión?

–Todos los municipios están adheridos en su política salarial a lo que resuelve el gobierno, por lo tanto, los municipios y los intendentes, en particular, son partícipes, para bien o para mal, de la política salarial. Se los convocó para que conozcan cuál era la oferta del gobierno provincial. Cuando esa misma tarde se había resuelto convocar a los gremios, los intendentes, naturalmente, quisieron participar de la discusión.

–¿El gobierno nacional les puso algún límite para la negociación salarial?

–No.

–¿Y qué toman como referencia para la oferta que hicieron?

–La masa de coparticipación. En este momento, en la provincia están ingresando por coparticipación entre 18 y 19 por ciento. En función de eso es la respuesta salarial que estamos dando. En el año 2007, cuando esta administración asumió la responsabilidad que le dio la ciudadanía, del 100% de la coparticipación, el 91 era destinado a cubrir los sueldos de los empleados. Hoy, la realidad nos dice que hay que destinar el 135% de la masa de coparticipación a los sueldos. Es decir, que la provincia tiene que aportar, al margen de la coparticipación, el 35% más para cubrir los salarios.

Menos ahorros.

–¿Es cierto que las reservas de la provincia están decreciendo?

–Por supuesto. El gobierno de la provincia, con las reservas que tiene, está enfrentando una serie de alternativas y respuestas que la población en su conjunto nos está requiriendo: viviendas, acueducto. Hay una serie de respuestas que se están dando a otros sectores de la comunidad.

Rodríguez insistió con otro de los argumentos que viene utilizando el Ejecutivo desde febrero, cuando comenzó el conflicto: la intransigencia de los gremios. “Esta administración en estos últimos cuatro años y meses que lleva conducida por Jorge dio 174% de aumento, mientras que la inflación, medida por las consultoras privadas, fue de 116%. En febrero se dispuso dar un adelanto del 8 por ciento. Entonces, los gremios dijeron que querían el 35% anual. En ningún momento ellos plantearon otro número que no fuera el 35. Es más, nosotros hicimos tres reuniones con los representantes sindicales y en ellas fuimos mejorando la oferta”, explicó.

–¿En alguna de las reuniones el gobierno ofertó una cifra superior al 19%?

–No. Lo que ocurre es que fuimos corriéndolo en función de los tiempos. Y también ofertamos específicamente traer más cerca el momento de la nueva discusión del ajuste salarial. En lugar de octubre, que sea en septiembre.