Los cambios que pretende hacer Malargüe a la ley 7.722 dividieron a varios en la Legislatura provincial. En el radicalismo se mostraron contrarios a la posibilidad, mientrasque el Partido Demócrata tuvo posiciones encontradas. En tanto, en el nivel más alto del Ejecutivo provincial, el gobernador Francisco Pérez y el vice Carlos Ciurca tomaron como vía de respuesta el argumento de que no es un proyecto oficial, sino una idea de un intendente y de un legislador.

TODAS LAS VOCES.

El cacique de Malargüe, Juan Antonio Agulles, está decidido a impulsar algunas modificaciones en la ley 7.722, conocida como antiminera.

Las modificaciones más importantes giran sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su ratificación legislativa. Según el intendente, esta debería ser necesaria luego de que se cumpla con las etapas de exploración y prospección y no como dice la 7.722, que ordenala DIA en cualquiera de sus etapas.

"Básicamente, venimos analizando el contenido de la 7.722, se han frenado muchos proyectos mineros", explicó Agulles. "Mendozano promociona la actividad minera, sino que la limitamos y no queremos que se desarrolle. Esto es lo que estamos tratando de proponer desde Malargüe", afirmó el intendente, quien sugiere, para evitar el enojo de los ambientalistas, que los proyectos mineros estén a una determinada distancia de los cauces de agua y de las ciudades. Sin embargo, ese guiño de Agulles no impidió que aparecieran algunas miradas negativas u otras que tomaran distancia de la iniciativa.

Entre estos últimos estuvieron el gobernador Francisco Pérez y el vice Carlos Ciurca. El primero sostuvo que la iniciativano proviene ni de él ni tampoco del bloque justicialista, sino que es sólo de un diputado (José Muñoz).

"Está en su derecho de presentar el proyecto, no tengo conocimiento de la letra, pero no es mi prioridad, la prioridad es la empresa provincial de energía", argumentó el gobernador.

En tanto, Ciurca explicó que "no se trata de un proyecto del Ejecutivo, sino de un sólo legislador", a quien se lo está escuchando.

La primera de las críticas vino por parte del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, quien, además, es el autor de la ley 7.722.

Difonso aseguró no estar para nada de acuerdo con los cambios pretendidos y aseveró que, cuando se creó la ley, se consultó a los sectores científicos, profesionales y universitarios y la norma se redactó de acuerdo con las sugerencias hechas para la protección del agua.

"Quien la modifique trata de realizar algún proyecto económico a costa del medioambiente y comprometiendo el agua", manifestó el intendente de San Carlos, quien aseveró que, al permitir a las empresas explorar sin la ratificación legislativa de la DIA, lo que se está haciendo es quitarle participación a la ciudadanía. "Y estos proyectos grandes requieren que participe la sociedad", justificó Difonso.

En tanto, el radical Juan Carlos Jaliff consideró que habría que analizar las modificaciones en el partido, pero que, en su caso, no está de acuerdo con los cambios pretendidos por Agulles.

"Hacer que la DIA pase por la Legislatura en cualquiera de sus etapas les da más seguridad a las inversiones", explicó el senador provincial, quien, si bien reconoció que así demoran más los proyectos en comenzar, también se les brinda más seguridad a las empresas y a la sociedad.

En tanto, la diputada por Unidad Popular Patricia Gutiérrez se mostró más cauta al respecto y señaló que hay que revisar la legislación, porque cuando a una empresa se le da derecho de cateo, también se le entrega la propiedad.

Más curioso fue el caso del senador demócrata Carlos Aguinaga. El legislador pertenece al mismo partido político que Difonso, autor de la ley, pero, en el caso de Aguinaga, este se muestra contrario a la existencia de la 7.722.

"Me parece que la ley tiene como objeto proteger el medioambiente, pero no fue una buena herramienta, porque se puede proteger elmedioambiente sin afectar el desarrollo económico de la provincia", opinó Aguinaga. El legislador, no obstante, señaló que se deben realizar algunas consideraciones a la hora de un proyecto minero, entre ellas, asegurar la protección del ambiente y el agua; estudiar cuánto le queda a la Provincia y modificar las regalías mineras, ya que las empresas sólo dejan 3 por ciento de lo que producen.