La posición del gobierno con respecto a la extracción de tierra que se realiza en un predio cercano al Acceso Oeste y la ruta 192, resulta tan llamativa que hasta los propios concejales oficialistas reclaman al Ejecutivo la clausura del lugar y hasta pusieron en duda el desempeño de los funcionarios.

El tema está vinculado con "Los Juncos", un negocio privado que se publicita como un futuro mega emprendimiento urbanístico que incluiría viviendas familiares, cines y centro de convención. Además, su difusión pública incluye un lago artificial de tres hectáreas, cuestionado duramente por el Concejo Deliberante.

El viernes, en un plenario convocado por todas las fuerzas políticas que integran el cuerpo deliberativo, se multiplicaron las críticas contra el gobierno local por demorar la clausura del predio debido a la falta de habilitación. La reunión se redujo solamente a la presencia de los ediles, ya que ninguno de los funcionarios respondió a la convocatoria del Concejo.

La extracción de tierra se efectúa sin pausa desde septiembre pasado. A esta altura, los concejales consideran que el supuesto emprendimiento urbanístico es una fachada para el funcionamiento de una tosquera, cuya profundidad calculan que ha alcanzado entre 10 y 12 metros, lo que genera una constante salida de camiones y un daño ambiental irreversible.

Por el momento, el Ejecutivo encabezado por Luciani ha reclamado a los responsables de la extracción que presenten la habilitación correspondiente. La solicitud implica que el Municipio reconoce, implícitamente, la falta de ese documento clave, aunque la carencia todavía no motivó la clausura provisoria, tal como ocurre con cualquier comercio o industria.

Durante el desarrollo del plenario, el concejal oficialista Carlos Pedro Pérez mantuvo una reunión privada con el secretario de Economía, Héctor Artero, para reclamarle la clausura inmediata del lugar. Sin embargo, la respuesta se mantuvo en los mismos carriles dilatorios que han encontrado otros ediles en el transcurso de los últimos meses. El funcionario explicó que como aún está vigente el plazo de cinco días que el gobierno dio a los empresarios para que presentaran la habilitación, el gobierno se ve impedido de actuar.

"Le dije que no estaba de acuerdo porque no es la mejor manera, ya que esto se podría haber solucionado con una clausura provisoria", comunicó Pérez al resto de los concejales luego de la reunión con Artero.

El miércoles próximo vence el plazo. Mientras tanto, los concejales decidieron mantenerse en plenario permanente. Además, reiteraron una nueva comunicación al Ejecutivo para pedir la clausura inmediata del predio, y sumaron una solicitud de información a Provincia.

ILEGAL

Tonini fue el encargado de abrir el plenario mediante un resumen de las actuaciones efectuadas desde el Concejo. En tal sentido recordó que el tema viene de la anterior gestión de gobierno. En noviembre, el Concejo aprobó una comunicación dirigida a Rosso para solicitar la intervención del Municipio. Esa propuesta contó con el voto favorable del todavía concejal Oscar Luciani. Sin embargo, una vez intendente, mantuvo la misma inacción que su antecesora.

"Ahora nos sorprenden con un pedido de información a los que están produciendo el daño para que presenten la habilitación. Con todo esto ganan tiempo. Es lamentable la depredación que se está haciendo", dijo Tonini, además de recordar la existencia de una ordenanza que prohíbe la instalación de nuevas tosqueras en todo el distrito.

El concejal calculó que diariamente salen del lugar entre 100 y 150 camiones, en su mayoría de doble acoplado. Además, puntualizó que recientemente pudieron verse rodados con tierra negra, lo que marcaría que el perímetro de extracción continúa creciendo.

"Cualquier emprendimiento que no tenga habilitación se clausura. La extracción de tierra es evidente, pero el Departamento Ejecutivo no actúa. Darle cinco días más a los que están haciendo la extracción para que presenten la habilitación, cuando sabemos que no la tienen, es totalmente alocado", agregó Tonini.

Igual de contundente fue Pérez. A pesar de su condición de concejal oficialista, cuestionó el desempeño del gobierno. Además, dijo que la promoción del emprendimiento urbanístico es un "disfraz" que oculta en realidad el funcionamiento de una tosquera. Expresó que "el problema no es el dinero que los responsables de esta actividad puedan haber hecho en forma irregular, el problema es que la tierra que se ha sacado de ahí no se puede regresar, es un perjuicio irreversible para Luján".

El concejal consideró que si existe voluntad política por parte del gobierno "se puede clausurar sin dar plazo alguno, como ocurre con cualquier comercio e industria".

Pérez también criticó la ausencia de los funcionarios en el plenario, ya que "si no podían venir porque tenían otros compromisos, por lo menos tendrían que habernos advertido cuáles eran esos otros compromisos más importantes que este tema".

Pérez prefirió "no pensar mal de los funcionarios en cuanto a que pudieran estar involucrados en algún negocio espurio, prefiero pensar que hubo algún nivel de inoperancia". Sin embargo, "creo que eso tiene que ser materia de un análisis posterior, si les cabe algún tipo de observación".

En su intervención, el concejal oficialista apuntó a los responsables del emprendimiento. Sin dar nombres ni mayores detalles, dijo que "no es la única cuestión por la que seguramente vamos a tener que convocarnos", ya que "hay otras cuestiones que este grupo está llevando adelante en Luján y que a mi juicio rozan lo legal, rozan lo ético, pero eso es cuestión para más adelante".

"Es una actividad ilícita, no sólo porque no está habilitada, sino porque de acuerdo a las ordenanzas no se hubiera podido hacer de la manera en que se está haciendo", agregó Pérez.