La maquinaria está en marcha y desde hoy comienza, ya de manera oficial, la agenda de trabajo para concretar la futura reestatización de Obras Sanitarias.

Será uno de los temas sobresalientes en la habitual reunión de gabinete de los lunes en Casa de Gobierno y por la tarde Javier Montoro, presidente del EPAS, se sentará a dialogar con Daniel Canone, titular del sindicato del Personal de Obras Sanitarias.

Aunque la intención es abordar los requerimientos salariales de los trabajadores no cabe duda de que será parte del cónclave el proyecto que elaboró el gremio para conformar una sociedad mixta en la que la entidad tenga un rol preponderante dentro del directorio de OSM y parte del paquete accionario de la futura sociedad anónima quede en manos de los empleados.

Durante la Asamblea Legislativa el gobernador Celso Jaque recordó que "quedan tres meses de intervención de Obras Sanitarias Mendoza" y aseguró que la empresa está en situación "crítica" por años de "desidia en la gestión privada", por lo que hizo oficial el rumor que se manejó desde que la administración Jaque intervino la prestadora de servicios de agua potable y cloacas: "Debe volver a estar en manos del Estado provincial", enfatizó el Gobernador.

El mandatario convocó a los legisladores y empleados de la empresa a conformar una mesa de diálogo en la que, durante los próximos 60 días, se debata el nuevo modelo de gestión pública para OSM. Si bien el mandatario es partidario de un esquema de funcionamiento con mayoría estatal, es evidente que el Gobierno provincial tomará en cuenta el proyecto del sindicato y la participación de los municipios.

"Ésta es la última prórroga y después no hay más. Se debe tomar una decisión sí o sí", corroboró Francisco Pérez, ministro de Infraestructura.

Para el funcionario "la futura sociedad puede tener distintos matices, más acciones en los municipios o participación de los empleados" pero en cualquiera de los esquemas en que se trabaje "el Estado provincial va a tener una fuerte injerencia", remarcó.

Ante la posibilidad de inclusión de operadores privados, Pérez sostuvo que se debe tomar en cuenta "qué ofrecen".

"Todo pasa por lo que quieran poner", señaló. Igualmente en el Ejecutivo hay un signo que mueve la aguja en un sentido predeterminado: el signo pesos.

"Actualmente la situación (financiera) en que está la empresa alcanza para prestar el servicio y realizar obras menores de mantenimiento; del resto se hace cargo la provincia. Hay que tener presente que el Enosa -Ente nacional de Obras Sanitarias- no otorga financiamiento para prestadoras en manos privadas", deslizó.

Además, Pérez puso paños fríos a las intenciones que se barajan en algunos departamentos en cuanto a municipalizar el servicio o prestarlo por medio de cooperativas. Más allá del formato de la sociedad "no se contempla el desmembramiento de la empresa", dijo de manera contundente.

Desde la oposición, la iniciativa oficial no fue resistida. César Biffi, presidente del radicalismo mendocino, coincidió con el concepto jaquista y aseguró "en mi opinión, devolver la empresa a manos del Estado, en principio es correcto", indicó. Sin embargo aclaró que "tiene que estar basado en un buen servicio y ser sustentable en el tiempo y no una carga más para el Estado".

En cuanto a los operadores privados, Los Andes intentó consultarlos pero no obtuvo respuestas.