La gente se quejó por el sobreprecio, este diario sacó el conflicto a la luz y el Ministerio de Seguridad tomó la decisión política de actuar, a través de la prohibición del polémico arancel, para lograr una "atención VIP" en las plantas verificadoras de toda la provincia.

Esto es, que los contribuyentes que pasen por allí no tengan que pagar entre 40 y 50 pesos extras para ser atendidos más rápido que el resto que no lo abona. Según los usuarios consultados por este diario, el adicional era "inevitable", ya que aquel que no lo abonaba podía estar esperando hasta tres horas para ser atendido.

La decisión surgió ayer del propio ministro de esa cartera, Carlos Aranda, luego de que este diario publicase dos veces las reiteradas quejas de los mendocinos por el sobreprecio. Aranda decidió anular el polémico servicio que, aunque optativo, "violaba los derechos, ya que no debería haber un trato diferencial", según el funcionario.

Aranda, quien ya se había hecho eco –aunque hasta ahora sólo en lo discursivo– del malhumor general de los que visitan la planta cada día, se reunió ayer con Enrique Rivero, presidente del Centro de Policías Retirados de Mendoza (Cerpol) –entidad a cargo de la administración de las plantas– para declarar nulo el canon adicional.

"Invito a todos los ciudadanos a negarse a pagar un sobreprecio", dijo Aranda, quien se comprometió a controlar el operativo para que este no se repita otra vez en la Planta Verificadora Mendoza ni en las plantas del Este y Sur mendocino.

El servicio denominado por los propios operarios como "rápido" o "acelerado" se viene implementando desde el 2010, y ese plus lo factura una empresa contratada por el Centro de Policías Retirados. Pero recién salió a la luz cuando se implementó, el 1 de agosto, la ley de Grabado de Autopartes, por la cual todas las personas que verifican su auto deben abonar 75 o 150 pesos –según si es automóvil o moto– de forma obligatoria, por lo que muchos se sintieron sobrepasados de obligaciones tributarias e impositivas.

"No queremos pagar más. Tuve que pagar 50 pesos para no tener que irme a las 5 de la tarde. Ya de por sí se demoran. No me parece justo pagar tanto. A esto hay que sumarle los gastos por transferencia, todo es muy caro", se quejó el miércoles Florencia González, quien, indignada, esperaba verificar su auto, valuado en no más de 10 mil pesos.

Al enterarse por este diario que en la planta Verificación Mendoza hay tres boxes disponibles para la atención VIP y sólo una para atención "normal", el propio Aranda dijo que obligaría a los ex policías que administran el organismo a contar con la misma cantidad de cajas para la atención no rápida. Aunque, claro, con el nuevo anuncio no habría más cajas discriminadas para clientes VIP.

Hace dos semanas, el presidente de la Cámara Argentina de Grabadores de Autopartes, Jorge Sorensen, había defendido el servicio "personalizado", contando que este es "optativo" y que "lo paga el que quiere y no tiene nada de malo".

DISUADIR EL DELITO. La medida que exige el grabado de autopartes para autos y motos fue aprobada por unanimidad en la Legislatura y promete ser clave para prevenir el delito y el negocio ilícito de los desarmaderos, según creen los funcionarios.

El Ministerio de Seguridad es el órgano oficial encargado de hacer cumplir la ley en el sector y de controlar para que el proceso de verificación del automotor sea lo más transparente posible. "Nosotros venimos investigando y haciendo inteligencia y sabemos que ese sobreprecio se cobra, además de otras irregularidades", disparó ayer a este diario el ministro Aranda, quien recién ahora informó públicamente de algunas medidas de auditoría y control que aplicarán desde esta semana (ver aparte).

CÁMARA ARGENTINA DE GRABADORES. Por su parte, La Cámara Argentina de Grabadores de Autopartes fue la entidad privada que asesoró al Gobierno sobre la técnica. Su presidente, Jorge Sorensen, explicó, antes de la aplicación de la ley, que se trata de "un bombardeo de partículas abrasivas de material especial que se hace por un instrumento de percusión directa, donde se respetan las características alfanuméricas de los códigos de patente y de código de grabado de cristal".

Además, por decreto del Ejecutivo se resolvió que la cartera de Seguridad se quedara con 10 por ciento de la recaudación. Tal como publicó ayer este diario, la Cámara de Grabadores recaudará cerca de un millón de pesos por el grabado a fines de este mes, si se tiene en cuenta que pasarán, sólo por la Planta Verificación Mendoza (la más significativa en flujo de vehículos) más de 5.000 rodados en los días hábiles de agosto.

"Veo bien que se paguen los 150 pesos. Ayudan a disuadir el delito del automotor", justificó Aranda. Si bien ya no habrá un trato diferencial para los mendocinos que abonen un canon adicional, el desafío ahora es que el servicio común a todos no termine en una demora generalizada.

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GRAVE IRREGULARIDAD

En diálogo exclusivo con este diario, el ministro de Seguridad sorprendió al confirmar ayer que en Mendoza "se están realizando verificaciones a autos que tienen pedido de secuestro". Carlos Aranda prometió que realizará inspecciones de forma diaria o semanal (aún no confirman bien la frecuencia y la cantidad de personal a cargo).

"Ya estamos armando los equipos de auditores", adelantó y agregó: "Venimos haciendo trabajos de investigación e inteligencia y detectamos que encontramos autos robados que han sido verificados en alguna planta. No sabemos si esa constancia es trucha, o gente puntual que está ofreciendo en forma clandestina ese servicio", denunció Aranda.

Hace más de 20 años que el Centro de Policías Retirados de Mendoza, Cerpol, está a cargo del manejo de las plantas verificadoras. Esta vez, el Ejecutivo hará inspecciones y auditorías a la entidad policial para evitar "cualquier negocio paralelo al trámite obligatorio". "No contamos con la estructura para llevar a cabo una oficina propia, pero controlaremos el servicio", concluyó el ministro.