Este modelo pone la investigación en manos de los fiscales y deja a los jueces como figuras encargadas de dictar sentencia, aunque se espera que la investigación del fiscal sea controlada por el juez de Garantías. Este, que sucederá al juez de Instrucción, mantendrá imparcialidad y velará por el respeto de las garantías constitucionales del sometido a proceso y también de la víctima.

El CPP es un conjunto de normas que regulan el proceso para investigar y sancionar la comisión de delitos y tiene estrecha relación con la libertad y el enjuiciamiento de las personas.

En julio pasado se conmemoraron 50 años del Código Procesal Penal de Salta, contenido en la ley 3645 que se sancionó en 1961. Con esta ley se dejó atrás el Código de Procedimientos en Materia Criminal vigente desde 1908. La principal modificación de 1961 fue el cambio del proceso escrito por el juicio oral, público, contradictorio y continuo.

El CPP estableció diferentes procesos según la gravedad del delito. Para los leves, el juzgamiento quedó a cargo de un juez individual y los graves por la Cámara en lo Criminal.

El CPP actual se encuentra establecido en la ley 6345 de 1985, que tiene por lo menos media docena de leyes modificatorias. Las últimas ya abrieron paso al sistema acusatorio al otorgar facultad de investigación al fiscal en delitos con penas de hasta seis años.

La reforma integral que ahora propone el Ejecutivo tiene como objetivo establecer el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio.

“Es una decisión política del Gobierno avanzar en este sentido”, dijeron ayer la ministra de Justicia, Inés Diez, y el abogado Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador), al presentar el proyecto ante legisladores, magistrados y abogados, junto a los miembros de la comisión redactora, el procurador Pablo López Viñals, Simón Padrós, Luis Félix Costas, Darío Palmier y Horacio Aguilar.

La exposición de motivos del gobernador Urtubey no se hizo pública y el proyecto está guardado bajo siete llaves en la Cámara alta.