Al ser consultada, la abogada Mónica Menini sostuvo que en realidad hay una aceptación al momento de permitir que la presidenta del Foro, Irene Cari, y la defensora oficial Nº 4, Natalia Buira, se presenten como parte dentro de la acción.

Por ahora, el Gobierno de Juan Manuel Urtubey tiene 30 días para responder la presentación ante la Justicia que pide la inconstitucionalidad del decreto 1170/12 que dispone los pasos a seguir para actuar en casos de abortos no punibles tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que la práctica debe hacerse a aquellas mujeres que declaren que quedaron embarazadas tras haber sido violadas.

La defensora Buira acompañó la acción en tanto, según lo establece el decreto de Urtubey, cualquier caso de aborto debe ser atendido antes por un defensor oficial o asesor de menores, según corresponda. En ese marco las mujeres entienden que se sigue judicializando la posibilidad de un aborto lo cual la Corte Suprema dejó en claro en su fallo, no debiera suceder. Ante ello es que Buira entendió que al involucrar a los defensores oficiales en el decreto, se los pone en una situación de establecer una "práctica inconstitucional".

En la acción presentada las mujeres aclaran que "la idea de asistencia que señala el decreto en crisis, genera el riesgo de que se transforme en una barrera tanto de naturaleza dilatoria como disuasoria, donde creencias y opiniones personales puedan obstruir la conformación de un juicio médico objetivo y respetuoso de la decisión de la mujer".