El Gobierno creó por decreto una empresa estatal para construir, reparar y operar rutas y autopistas que tengan jurisdicción nacional, la cual le permitirá evitar las licitaciones y contratar de manera directa a agentes privados. Según la norma publicada ayer en el boletín oficial, la compañía se denominará Corredores Viales SA y, al tratarse de una sociedad anónima, el vínculo laboral con sus trabajadores se regirá por convenios del sector privado, similar a lo que sucede con YPF o Aerolíneas Argentinas.

En el sector de la construcción creen que será un vehículo para allanar contratos PPP

La misma pertenecerá en un 51% al ministerio de Transporte y el 49% restante a la Dirección Nacional de Vialidad, que depende de esa cartera.

Voceros de su titular, Guillermo Dietrich, explicaron a BAE Negocios que la flamante empresa estatal se creó exclusivamente para operar la autopista Ricchieri cuando venza la concesión de Cristóbal López, ya que "ese corredor no puede quedar sin nadie a cargo".

La idea es que Corredores Viales administre la Ricchieri hasta el año que viene, cuando será licitada mediante un Contrato de Participación Público Privada (PPP).

En tanto, desde el sector de la construcción señalaron que "se apuró por el tema puntual de Cristóbal López, pero obedece a lo que se viene en materia de PPP". Es decir que el Gobierno la utilizará para allanarle el camino a este contrato en reemplazo del empresario kirchnerista, cuya gestión al frente de esta autopista no fue precisamente un éxito, evaluaba una fuente del rubro.

"Va a ser una empresa chica, al estilo de Adif o Sofse, para que pueda ser más ágil. E ir abriendo el camino a los PPP que permitirán que los privados financien obras sin que aumente el gasto fiscal", evaluaron las fuentes. Es que a diferencia de las concesiones tradicionales, con el PPP los inversores no podrían cubrir sus desembolsos sólo con el peaje por el alto costo que implicaría repagarlo por esa única vía.

En ese sentido, el capital social fijado en el decreto es de apenas 200 mil pesos.

El decreto 794/2017 también precisa que "en caso que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes".

Por otro lado, la norma establece que a esta nueva sociedad "no resultan aplicables" las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1023), de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, "ni las normas o principios de derecho administrativo", aunque la compañía tendrá que ser auditada igual porque se maneja con fondos públicos, según la ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Por su parte, el artículo 8 reza "Facúltase a la Dirección Nacional de Vialidad, para que en conjunto con el Ministerio de Trabajo establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria".

Esto significa que los trabajadores de esa dependencia podrán ser transferidos a Corredores Viales, si así lo entiende el director Javier Iguacel.

"Dietrich se quiere quedar con el rédito de lo que hace Iguacel", interpretaban en otro ministerio del Gobierno.