La primera decisión de la Corte Suprema que sacudió al kirchnerismo fue a mediados de este mes. El tribunal denunció al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por desoír una orden judicial que le imponía reponer en su cargo a Eduardo Sosa, ex procurador que fue removido durante la gestión de Néstor Kirchner en la provincia, en 1995. Además, la Justicia abrió la puerta para la intervención del Congreso en la resolución del conflicto.

Enseguida llegó la réplica kirchnerista. Peralta desafió a la Corte: incumplió el fallo. Ante los rumores de una posible intervención provincial, el oficialismo cuestionó el fallo. Cristina Kirchner afirmó que se "atropellan las instituciones" y sostuvo que existe un "desconocimiento" del derecho constitucional.

"Para los que no lo saben, en el año 1860 la reforma constitucional garantizaba que ninguna institución en cualquiera de sus tres poderes pudiera intervenir en conflictos institucionales de las provincias. Pero bueno, parece ser que son cosas que pasan, y lo peor de todo es que se hagan en nombre de la Constitución, de las instituciones y del federalismo. En realidad, son contrainstitucionales, inconstitucionales y contra el verdadero federalismo", reclamó la Presidenta.

Entonces, volvió a dirigirse a Peralta: "Tenga usted, gobernador, toda la solidaridad, porque una intervención es lo peor que le puede pasar a un país".

Todavía no se había terminado de procesar el enfrentamiento cuando llegó un nuevo revés. La Corte falló en favor de la extradición del ex guerrillero Galvarino Sergio Apablaza, que había sido solicitada por el gobierno de Chile, y afirmó que los delitos que se le imputan no puedan ser considerados crímenes políticos.

Apablaza había pedido a la Argentina ser calificado como refugiado, pero el Gobierno omitió pronunciarse durante los últimos cinco años.

En ese contexto, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, halagó la decisión de la Corte Suprema: "Es un muy buen primer paso. Siempre estuvimos preocupados por que todos los que tuvieron alguna relación con estos crímenes lleguen a estar ante la justicia chilena y puedan ser procesados como corresponde"

La resolución judicial se conoció horas antes de que Cristina Kirchner viajara a Chile por el festejo de su bicentenario. Allí, coqueteó hasta último momento en encuentro bilateral con Sebastián Piñera para evitar el reclamo del presidente chileno sobre el ex guerrillero.

Durante el encuentro, el chileno finalmente le pidió a Cristina que la justicia de Chile pueda juzgar a Apablaza. La Presidenta advirtió que la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) definirá la próxima semana si la Argentina le brinda asilo político al ex guerrillero.

Pero faltaba un último fallo para despertar la ira del kirchnerismo. El juez Elvio Sagarra, aceptó una medida cautelar de un grupo de consumidores y ordenó al Estado que se "abstenga" de afectar de cualquier forma la prestación del servicio de Internet de Cablevisión-Fibertel. La decisión deja sin efecto el fin de la licencia de Fibertel anunciada el mes pasado por el Gobierno.

Enseguida, Cristina Kirchner lanzó acusaciones vía Twitter. Acusó al magistrado de ejercer la "justicia cautelar" por su fallo sobre Fibertel y lo acusó de beneficiar al CEO de Clarín, Héctor Magnetto.

Pero las críticas llegaron hasta la Corte Suprema. Néstor Kirchner, líder del Frente para la Victoria, lanzó una fuerte acusación. "Además, de ser independiente del poder político, la Corte Suprema debe ser independiente de los medios de prensa monopólicos", sostuvo el ex presidente desde Nueva York.

"Hice muchísimo esfuerzo, terminé con la Corte menemista, creamos un sistema de elección de jueces absolutamente cristalino, y ahora quienes tienen responsabilidad de conducir a la Justicia tienen que hacer honor a ese tema", advirtió Kirchner, sobre el conflicto por Fibertel.

Las palabras del ex presidente fueron pronunciadas antes de una marcha impulsada por el kirchnerismo para manifestarse contra la Justicia por su freno a la ley de medios. La Corte Suprema debe resolver la validez del polémico artículo 161 de la nueva normativa. Se trata del artículo que obliga a los grupos de medios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, clave en la batalla del Gobierno contra el Grupo Clarín.

Ante el máximo tribunal también llegará el conflicto por Papel Prensa. Hace poco tiempo Cristina Kirchner presentó en Casa Rosada una investigación oficialista sobre la compra de Papel Prensa y desde el oficialismo presentaron este documento ante la Justicia. Además, en el Gobierno aguardan que el tribunal se expida a favor de sobre la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en la empresa proveedora de papel.