El ministro de Obras Públicas, Jorge Varela, dijo ayer que el encarecimiento de la obra del nuevo autódromo tiene que ver con las nuevas exigencias de la ACTC, que pidió obras complementarias que no estaban en el pliego original para reforzar la seguridad. Es que la entidad, que será quien otorgue la homologación del circuito, reforzó estos aspectos luego del fatal accidente en Balcarce donde murió el piloto Guido Falaschi.

Varela reconoció que el precio final del Autódromo será de 77 a 80 millones de pesos, más del doble del presupuesto original que era de 37.850.000 de pesos. Dijo que en esa cifra estimada estaba incluida la construcción de los accesos, cuya licitación se abre el 1º de febrero, y el riego.

Ayer se conocieron las ofertas para la construcción de los muros de contención. El presupuesto oficial es de 7.718.000 de pesos y tiene un plazo de ejecución de 120 días. Son 3.700 metros de muro de contención en total: uno de hormigón de 900 metros de largo y 1,2 de alto, otro de hormigón armado con tejido romboidal de 2.400 metros de largo, y un tercero de 300 metros lineales en las curvas y seis metros de altura.

Ilka fue la empresa que menos ofertó por esas obras: 6.443.128 de pesos, un significativo 16,5 por ciento por debajo del número oficial. Llamativamente, las otras tres firmas estuvieron bastante por encima. Andreatta cotizó en 9.042.599 pesos (17,157% más), la cuestionada Jubete en 8.687.519 pesos (12,56% por encima) y la UTE Ecopa-Iaco en 8.068.750 pesos (4,54% más). Varela, ante una consulta de El Diario, consideró esos números como “bastante acordes” al presupuesto oficial.

También aclaró que la celeridad de estos llamados es “para acompañar el resto de la obra”. Según el ministro, es necesario que “esta obra y los accesos se finalicen lo más pronto posible con respecto a los plazos iniciales que tiene la obra general del Autódromo. Para abril o mayo estarían listas; surgieron hace poco tiempo en función de lo que pidió la ACTC y tuvimos que acelerar los trámites”.

La oposición había cuestionado el encarecimiento de la obra y también los retrasos. Por eso fueron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se investigue si en esos aspectos hubo delitos. Para el FrePam, hay conductas “reñidas con lo establecido por la Ley Nº 38 de Obras Públicas”.