El funcionario adelantó que el Ejecutivo Provincial mantendrá su postura y que los municipios no tienen argumentos válidos. Con estas declaraciones, la audiencia no tiene sentido alguno y, además, enciende una luz de alarma en las intendencias.

Para esta tarde, a las 18:00, está pautada una audiencia conciliatoria entre Gobierno y las municipalidades, fijada por el Superior Tribunal de Justicia, en torno a la causa impulsada por la gobernadora Fabiana Ríos que podría derivar en un posible recorte a la coparticipación a los intendentes, situación que ha generado el rechazo de Federico Sciurano y Gustavo Melella, que resultarían los más perjudicados.

Previo a la audiencia, en las últimas horas algunas declaraciones de funcionarios de alta línea del Poder Ejecutivo Provincial no cayeron muy bien en los intendentes, porque las consideraron desacertadas, por el tiempo en que se formulan ya que se podría interpretar como una suerte de presión a los ministros de la Corte fueguina.

El titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Guillermo Aramburu, fue uno de los que hizo declaraciones, considerando que la acción declarativa de certeza sea resuelta por el Superior Tribunal rápidamente y en forma favorable al Gobierno.

Para Aramburu, la resolución judicial debe ser «clarificando los términos de la Ley 648 y que el 25 por ciento del presupuesto destinado a educación debe ser descontado con anterioridad a la remisión de coparticipación a los municipios».

Conocidas estas declaraciones, en el Municipio de Río Grande se encendió una luz de alerta, sobre todo porque existía una suerte de pacto de caballeros entre las partes, de manera de no hacer declaraciones previo a la audiencia de conciliación.

Las expresiones de Aramburu dejan ahora un clima enrarecido en el cual se formulará el encuentro y puede echar por tierra la intención del Superior Tribunal de Justicia de arribar a un acuerdo previo, de manera que eviten un pronunciamiento a través de una acordada, fallos que siempre dejan a algunas de las partes descontenta.

Municipios sin argumentos

«Más allá que me parece razonable esta convocatoria por parte de la Justicia, entiendo que el objetivo tiene que ver con escuchar la postura de las partes». Y si bien dijo desconocer «cuáles serán los argumentos» que expondrán los municipios, «no entiendo que alguno de ellos pueda llegar a ser atendible», consideró.

Estas expresiones de Aramburu, volcadas en una gacetilla oficial de prensa de Gobierno, fueron las que dejaron en total alerta a los intendentes, sobre todo porque la audiencia de hoy pasaría a ser una mera formalidad, donde se volverían a repetir argumentos ya planteados, sucediendo así que la intención del Superior Tribunal, de éste lunes, no tiene sentido alguno.

Desde el municipio de Río Grande, están más que convencidos que se debería evitar un pronunciamiento de la Corte y tratar de dirimir en la faz política, el asunto que fue planteado por el Fiscal de Estado y potenciado por la gobernadora Fabiana Ríos.

HACIA EL DIALOGO

«Todo este tiempo hemos estado propiciando un clima de diálogo político e institucional con el Gobierno Provincial, y en cuanto a este asunto, respetando también al Superior Tribunal de Justicia, aunque nos llama poderosamente la atención que después de tantos años impulse una medida de este tipo, y más aún, que horas antes de la reunión de conciliación se brinden declaraciones políticas, que podrían tomarse incluso como una fuerte presión hacia los integrantes del máximo órgano judicial de la Provincia», subrayó una alta fuente del Ejecutivo de Río Grande.

Lo que llama poderosamente la atención de los intendente es que después de más de 7 años de aplicación de la Ley, ahora el Fiscal de Estado plantea esto, cuando los legisladores provinciales han ratificado siempre su aplicación, incluso cuando a la propia gobernadora, Fabiana Ríos, le tocó ocupar una banca.