La votación reflejó la clásica división de la Corte: los reformistas Jorge Nanclares, Carlos Böhm y Pérez Hualde se inclinaron por la continuidad del último. En cambio, por Llorente votó el grupo de los más conservadores que integran Herman Salvini, Fernando Romano y el propio Llorente quien se votó asimismo.

El sufragio decisivo fue el de Adaro, quien favoreció a Llorente. Detrás de la determinación del ex funcionario de Jaque se hicieron múltiples especulaciones políticas. En Casa de Gobierno reconocieron que esperaban que Pérez Hualde no fuera reelecto porque "acordaba temas con el radicalismo". Le achacan que haber sido propuesto por el ex gobernador y Julio Cobos para integrar la Corte, lo condicionaba en sus decisiones. Por eso, revelan, preferían a Llorente porque lo consideran "un radical neutro" que no interferirá en los planes del gobernador electo Francisco Pérez, de acuerdo a lo que afirman desde su entorno.

Otras fuentes agregan que Pérez Hualde contaba con el voto de Adaro y que hace unos días se habría enterado de que no le sería favorable. Según relatan, el juez supremo había visto con buenos ojos la llegada del ex ministro a la Corte porque le favorecería "tener mejores relaciones con el Ejecutivo" y que por eso, habría transmitido al Senado su posición antes del debate sobre el pliego de Adaro. Sin embargo, esa expectativa no se cumplió.

Pero Pérez Hualde no sólo suscitó diferencias con el Ejecutivo, sino también en la Justicia. Ese motivo lo convirtió en el primer presidente de la Corte desde el regreso de la democracia en no ser reelecto. Desde 1983 hasta 1987 el fallecido Elías Baglini presidió el alto Tribunal; luego lo hizo el ex juez Carlos Moyano por dos períodos. Durante diez años, desde 1993 hasta 2003 Llorente estuvo al frente y lo siguió Nanclares, quien ejerció el cargo hasta 2009, año en el que Pérez Hualde fue nominado presidente.

Al juez le criticaban en Tribunales "no defender los intereses de la corporación". Durante estos dos años, encaró una renovación de la Justicia, que molestó a muchos. La aplicación del Código Procesal Penal, le hizo ganar adeptos entre los funcionarios judiciales pero le valió la distancia de los más antiguos. Tuvo oposición del Colegio de Abogados en algunas de sus postulaciones. Además, adhirió a la ley de Discapacidad que será aprobada hoy en el Senado, que obliga a los jueces a aportar a la OSEP, un aspecto que rechaza gran parte de los magistrados.

Como contó Los Andes en su edición del sábado, su movida en contra de los conjueces que anularon el fallo del Jury de Enjuiciamiento que destituyó hace cinco años al fiscal Alberto Camargo también le jugó en contra. Pérez Hualde pidió a la Provincia que presentara un recurso extraordinario en la Corte nacional porque estaba en contra del fallo de estos jueces subrogantes.