El gobernador Martín Buzzi mantuvo una reunión con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales para lograr un acuerdo que ponga fin al litigio que se viene manteniendo en torno al pedido de reajuste de las remuneraciones, a los efectos de equipararlas al promedio que perciben los magistrados y funcionarios en las provincias patagónicas, incluida La Pampa.

En este sentido, Buzzi instruyó al ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñan, y al fiscal de Estado, Blas Meza Evans, para que continúen el diálogo iniciado para formalizar un convenio. “La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial inició en el año 2008 una acción de amparo contra la provincia del Chubut con el objeto de lograr un reajuste de sus remuneraciones”, recordó Meza Evans.

“La sentencia de segunda instancia resolvió ordenar al Superior Tribunal de Justicia, en ejercicio de sus funciones, que fije las retribuciones de los jueces y funcionarios tomando como base mínima las remuneraciones que abona la provincia de La Pampa”, añadió el fiscal de Estado.

“Este fallo no se encuentra firme, dado que ha sido apelado por la provincia del Chubut y además del mismo no surge ninguna suma determinada que torne ejecutable a la sentencia”, sostuvo. Pese a ello el gobernador Buzzi se reunió con miembros de la Asociación para poner fin al litigio e iniciar el diálogo para formalizar un convenio.

DISPARIDAD

En la primera reunión mantenida con la Asociación, ésta manifestó que el cumplimiento de la sentencia aún en discusión, implicaba un costo mensual de tres millones de pesos; mientras que en la segunda reunión que se mantuvo rectificaron la información que habían brindado e indicaron que en realidad el costo mensual del ajuste se elevaba a seis millones de pesos.

En este sentido, Blas Meza Evans dijo: “esta disparidad de montos llevó a que con intervención del Ministerio de Economía se determinara que el costo mensual total de futuro incremento solicitado por la Asociación ascendía a la suma de siete millones de pesos mensuales”.

Ante estas diferencias el Gobierno provincial invitó a una nueva reunión a la Asociación de Magistrados en esta semana a los efectos de conformar una comisión bilateral.

“La misma tenía por objeto trabajar en la determinación del porcentaje de incremento a aplicar a partir del primero de enero, teniendo en cuenta que el fallo no contiene ninguna pauta precisa. Por ello era necesario relevar las remuneraciones actuales de las restantes provincias patagónicas y para lograr responsablemente dentro del plazo de 60 días una mayor claridad sobre los montos definitivos y su impacto presupuestario”, dijo Meza Evans.

La Asociación fue invitada a suscribir un convenio en donde quedó explicitada la voluntad del Gobierno de avanzar en la resolución del conflicto y de cumplir el fallo judicial, aún cuando no se hubieren agotado las instancias procesales. A pesar de la clara determinación del gobierno de arribar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto, el presidente de la Asociación comunicó que no seguirán las negociaciones. Pese a ello, el gobernador pidió que se retomen las negociaciones con la voluntad de poner fin al conflicto.