La aprobación del matrimonio igualitario generó una profunda división, tanto en el Congreso cuando se votó como en la sociedad cuando la discusión legislativa acabó. Según una encuesta de Managament & Fit, realizada esta semana en todo el país, los porcentajes de la gente que está a favor y en contra de la nueva ley son casi idénticos, aunque prevalece el “No” por tres puntos de diferencia. Pero el Gobierno no logró cautivar a la población con el impulso que le dio a la iniciativa. Sólo un 20% de los consultados le atribuyó los méritos al kirchnerismo por la sanción de esta modificación al Código Civil. A pesar de ésto en casa de Gobierno ya trabajan contrarreloj para organizar el acto del miércoles en el que CFK recibirá a las organizaciones y firmará, en un acto, la promulgación de la Ley.

Batalla K. El Gobierno se embanderó con el proyecto de Vilma Ibarra y se puso a disposición de la causa: presionó legisladores, discutió con los tapones de punta con los que estaban en contra y vació el recinto del Senado de potenciales votos negativos. Impidió un dictamen en mayoría que impulsaba la unión civil en vez del matrimonio homosexual. Apuró y se puso al hombro la votación. Un símbolo de eso fue que el propio Néstor Kirchner se sentó en su banca de diputado para levantar la mano. Fue ese el único proyecto que votó desde que asumió. Y en la Casa Rosada hubo clara intención de apropiarse de los méritos: “Esta ley, sin el apoyo de Néstor y Cristina, no salía”, dijo una fuente con despacho en Balcarce 50. Los pingüinos creyeron recuperar con la norma al segmento progresista que habían perdido por recostarse en el PJ. Sin embargo, al margen del análisis, sólo un 20 por ciento de los consultados cree que la modificación al Código Civil fue un éxito de la administración de Cristina Kirchner. La mayoría considera que esta norma es producto del sacrificio de la comunidad de gays y lesbianas. Un porcentaje menor lo atribuye en tanto a la labor de los legisladores.

Paridad. Tal como ocurre con toda la muestra, los porcentajes son muy parejos. Cuando se le preguntó a la población qué representa esta ley, un 22,5% considera que es un avance en los derechos de los ciudadanos. Una cifra muy similar, el 21,2%, cree lo contrario: que es un retroceso en los derechos civiles. Casi iguales están los números entre los que piensan que se trata de un avance cultural y los que consideran que es un retroceso en esa materia.

Es una mayoría la que tiene la convicción de que se tendría que haber realizado un plebiscito previo. Pero las cifras vuelven a emparejarse cuando se pregunta a los consultados si creen que los legisladores se tomaron el tiempo suficiente para debatir el tema.

La fractura, en dos extremos, quedó expuesta desde el debate en el recinto. Una jueza de Paz en La Pampa y un director de un Registro Civil en Entre Ríos anticiparon que no convalidarán ninguna boda gay, escudándose en la religión. Un argumento similar utilizó el cardenal Jorge Bergoglio en una carta en la que condenó la iniciativa oficial. La misiva lo enfrentó, una vez más, con el Gobierno. Bergoglio vio, detrás del proyecto, “la mano del diablo” y usó frases como que los que apoyan la medida “quieren destruir el plan de Dios”.