El Gobierno de Corrientes confirmó que con el Presupuesto 2011 se dispuso el pago de más de 900 sentencias firmes en las cuales la justicia ordenaba al Estado cumplir con ciertas decisiones administrativas o pagos económicos derivados de alguna controversia; más allá de la gran cantidad en la que el resultado fue favorable al Ejecutivo.

Según dijeron, ninguna de las sentencias firmes corresponde a causas iniciadas durante la actual gestión e incluso aclararon que se terminaron de abonar históricos reclamos; de los cuales el más antiguo era de 1957. El ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres se refirió a esto y manifestó: “El Estado, para ser tal, tiene que ser solvente, y para ello tiene que echar lastre sobre todas las contingencias judiciales”.

El funcionario provincial apuntó entonces: “Cuando decimos que este Gobierno Provincial está desendeudando a Corrientes y, por ende a los correntinos, no hablamos sólo de la Deuda Pública consolidada, hablamos de la deuda con proveedores, de los compromisos cotidianos y también de este tipo de deudas que el Estado debe regularizar”.

Vaz Torres marcó que durante la administración de Ricardo Colombi, con la aprobación del Presupuesto 2011, se incluyeron todas estas deudas históricas y se llega así a la cancelación de la totalidad de las deudas reconocidas por sentencias judiciales firmes al 2010. “Se trata de sentencias de todo tipo de reclamos contra el Estado Provincial; es decir, desde accidentes de tránsito, mala praxis médica, diferencias salariales, tanto por parte de los administrados como de particulares que tienen alguna contingencia con bienes o hechos que hacen a la responsabilidad del Estado provincial”.

Confirmó también que las órdenes judiciales que indican al Ejecutivo por ejemplo el reintegro de un agente en sus funciones se cumplen inmediatamente. “Si bien se trata de más de 900 sentencias cumplidas, el número de personas favorecidas con el cumplimiento de las sentencias es mucho mayor, teniendo en cuenta que hay causas judiciales en que hay muchos actores”, explicaron desde el Gobierno.

De acuerdo a las estadísticas obrantes en las áreas legales, durante la actual gestión de Gobierno se generaron menos juicios que en otras anteriores y se nota un menor nivel de conflictividad. “Obviamente que la baja litigiosidad tiene que ver con la sincronización y ordenamiento administrativo; que es lo que estamos optimizando”, entendió el Ministro de Hacienda.