Es el momento más crítico de la gestión desde que asumió hace tres meses y medio el gobernador Francisco Pérez. Ésta es la conclusión que sacan los funcionarios de peso del Ejecutivo provincial por estas horas, luego de los tres crímenes resonantes ocurridos en los últimos días en el Gran Mendoza que han tenido gran repercusión social. Por eso, en Casa de Gobierno preparan una batería de medidas para revertir la situación.

"Hemos estado hablando con el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, de seguir trabajando fuertemente en la prevención del delito y de la importancia de que estos hechos se esclarezcan a la brevedad", afirmó a Los Andes el vicegobernador Carlos Ciurca.

En el Gobierno las reuniones entre funcionarios abundan luego de que fueran asesinados los jóvenes Matías Quiroga (quien falleció hace diez días tras el intento de robo al camión blindado en un supermercado de Godoy Cruz); Micaela Tatti (la niña de 13 años que murió por un balazo que recibió en la plaza del barrio La Gloria) y Emanuel Páez (fue asesinado por su asaltante en Maipú).

Estas muertes generaron un gran repudio en muchos sectores de la población que se notó en las marchas (como la de ayer que desembocó en la Legislatura) con pedidos concretos a los tres poderes del Estado para que mermen los hechos delictivos, pero además, resquemor hacia los funcionarios como se pudo observar en la movilización que se hizo el lunes por la noche en Maipú, que incluyó insultos al intendente Alejandro Bermejo, el ministro Aranda y a policías de alto rango, quienes se vieron obligados a retirarse y buscar refugio en el edificio municipal.

Por eso, en el Ejecutivo están muy preocupados ya que la inseguridad, a diferencia de los últimos tres años y medio, volvió a ser un tema candente de la agenda pública. En ese sentido, han planificado avanzar en dos sentidos: en la prevención del delito a través de la presencia de más policías en la calle y la urgente resolución de los tres casos. "Hay que devolver la tranquilidad a la gente, la sensación de seguridad que ha perdido y que merece tener", confió a este diario un funcionario del Ejecutivo.

En Casa de Gobierno han acordado con el Ministerio de Seguridad el incremento de operativos policiales. Pero también en el Ejecutivo sostienen que pretenden dar un "mensaje" a la delincuencia. "Si estos hechos se resuelven, decimos a los delincuentes que intenten hacer lo mismo que no va a haber impunidad. Lo que queremos es que el que vaya a robar no tire", confesó otro funcionario de alto rango del Gobierno, quien pidió reserva de su nombre.

Como tercera medida, en el oficialismo le han dado el visto bueno a uno de los pedidos hechos por los padres de los chicos asesinados. Según contó Ciurca, el 3 de abril quedará abierta una mesa que incluirá a la Bicameral de Seguridad, funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial y familiares de víctimas para revisar algunos procedimientos.

Entre ellos, se encuentra la posibilidad de que los informes psicológicos sobre los presos sean vinculantes (es decir determinantes para el juez que debe decidir sobre la liberación de un detenido). Esto se basa en que había un informe de psicólogos adverso para uno de los delincuentes que intentó robar el blindado que no fue tenido en cuenta (al no estar obligado a hacerlo), por el magistrado de ejecución penal que dispuso otorgarle el beneficio de las salidas transitorias. También se prevé crear la figura del querellante de la víctima (que sea distinta a la de los defensores de Pobres y Ausentes).

Sobre ese encuentro discutirá Diputados en la sesión de hoy, ya que el legislador Daniel Cassia (PJ Federal-Es Posible) pedirá la convocatoria al Consejo de Seguridad Pública. "Porque es muy diferente que convocar a distintos poderes, ya que el Consejo tiene facultad, por ley, para tomar decisiones". Los radicales podrían apoyar este pedido, ya que ayer lanzaron cuestionamientos a las medidas propuestas por el oficialismo luego de la reunión de la Comisión Bicameral (ver aparte). "Están más preocupados por defender al ministro que otra cosa", dijo el presidente del bloque de diputados de la UCR, Néstor Parés.

Aranda está confirmado en su cargo, aseguraron en el Gobierno. Fue el mismo ministro quien ayer se hizo eco de esa decisión: "Pido perdón a los padres; tengo todas las fuerzas para seguir adelante".