Así lo expresaron a LA NACION calificadas fuentes de la delegación nacional que participan de la cumbre del G-20, que comenzó en Toronto con escasas posibilidades de llegar a un acuerdo multilateral.

Con un día soleado y sin reuniones bilaterales, la presidenta Cristina Kirchner dedicó la jornada a reuniones con los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, más allá de aprovechar algún momento de distracción en la ciudad, junto a miembros de la delegación.

Luego, Timerman se acercó para hablar con los periodistas argentinos y, cuando parecía que comenzaría a detallar la postura oficial ante el G-20, se despachó enojado sobre el affaire con Venezuela (ver página 8).

Una vez que hizo su descargo, sin dar muchas precisiones, indicó que la Argentina insistirá ante el G-20 para que continúen "las políticas de estímulo, la eliminación del secreto bancario, la tipificación de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes y un mayor equilibrio comercial entre las economías industriales y agrícolas".

El canciller anticipó que seguramente la conclusión a la que se arribe mañana, en el final del plenario, será que "no hay una sola solución para la crisis". Es decir, que no hay margen para coordinar políticas que suavicen el temblor económico que ahora impacta en forma plena en Europa.

Por esta razón, los funcionarios argentinos han planteado que el FMI debe repetir el gesto de 2009, cuando hizo un giro de sus recursos (DEG), que para la Argentina representó un ingreso extra de US$ 2600 millones. Ese dinero se usó para cerrar el año fiscal sin déficit y para pagar los cupones de la deuda ligados al PBI.

Pedido al FMI

Esta vez, con el fin de sostener la política expansiva y sin "cajas" internas tan fáciles de tomar como en el pasado, el pedido al Fondo aparece como una alternativa que aún debe superar el complicado aval de los miembros más relevantes del FMI, que prefieren esperar a ver si los países en desarrollo se acoplan a las cuestionadas políticas de ajuste antes de volver a repartir plata.

"Todo indica que se lograrán avances importantes pronto", indicaron fuentes oficiales a LA NACION.

El Gobierno mantiene así su posición ambivalente con el FMI, al que critica y no deja que audite sus cuentas, pero al que al mismo tiempo le reclama más dinero sin ninguna condicionalidad.

En ese sentido, las autoridades argentinas piensan que el organismo internacional debe democratizar su conducción para darles más poder a los países de ingresos medios y bajos.

La Argentina considera también que, aunque es importante resaltar la importancia del superávit fiscal -como piden los países centrales, liderados por Alemania y Canadá-más relevante aún es garantizar la capacidad de repago de los países, para que los paquetes de estímulo actuales no deriven en un tiempo corto en problemas de default en la mayoría de las economías avanzadas.

Por otro lado, el Gobierno cree que hay que ser prudentes en la estrategia de salida de los paquetes de estímulo puestos en marcha en la mayoría de los países desarrollados para suavizar la crisis global, de modo de preservar el nivel de empleo, en una posición más cercana a EE.UU. que a Europa.

En el otro gran capítulo de la cumbre, la cuestión de la regulación financiera, la administración de Cristina Kirchner tampoco está de acuerdo con la idea de imponer un impuesto al sistema financiero como el que propone Francia, por considerar que afectaría el flujo de inversiones a los países en desarrollo.

Al haber sorteado la crisis sin problemas en el sistema financiero local -pero sin evitar la fuga de capitales-, el Gobierno sostiene que el costo lo deben pagar quienes originaron la crisis, sancionando a las cuestionadas calificadoras de riesgo de mercados y transparentando el mercado de derivados y de materias primas.