Apenas los equipos técnicos del ministerio de Economía terminaron de delinear los aspectos centrales del paquete de reformas impositivas con el que aspira recaudar unos 1.200 millones de pesos adicionales en lo que resta del año, los principales operadores políticos del gobierno bonaerense se lanzaron a la búsqueda de consensos en la Legislatura para que el proyecto tenga un tratamiento rápido y sin sobresaltos.

La estrategia apunta a un objetivo de máxima: lograr que la reforma se sancione lo antes posible para que el ajuste impositivo impacte en la recaudación de los últimos meses del año. Pero, además, evitar un trámite legislativo conflictivo que implique fuertes costos políticos, como ocurrió en junio pasado con el tratamiento del proyecto que incluía un incremento impositivo a través de un revalúo de los campos.

Como se informó ayer, la administración de Daniel Scioli decidió impulsar un nuevo paquete impositivo por el que prevé recaudar cerca de 1.200 millones de pesos en lo que resta del año.

El proyecto incluye un aumento del Inmobiliario Urbano para los inmuebles de alta valuación fiscal y la posibilidad de establecer un “cobro anticipado” del impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a las primeras cuotas de 2013. Pero además, contemplará una mayor presión impositiva sobre los countries y clubes de campo y la adopción de una serie de medidas para cobrarles Ingresos Brutos y Sellos a los denominados “pooles de siembra”.

Se trata, en rigor, del tercer paquete de medidas impositivas en lo que va del año: a los aumentos contemplado en la Ley Fiscal 2012 se sumó, meses atrás, el ajuste en el Inmobiliario Rural y en diversas actividades de Ingresos Brutos.

La nueva reforma, que ya cosechó algunas críticas desde bloques opositores, se delineó en un contexto particular. En el complejo escenario financiero que atraviesa la Provincia, el gobierno de Scioli aspira a conseguir fondos adicionales que le permitan hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos en lo que resta del año sin recurrir a la asistencia de la Casa Rosada, tras la traumática experiencia que vivió meses atrás.

Aunque en rigor el proyecto todavía no fue elevado formalmente a la Legislatura, fuentes oficiales confirmaron a EL DIA que el Ejecutivo envió un borrador con las principales medidas a los presidentes de Diputados, Horacio González, y del Senado, Gabriel Mariotto, y a los legisladores de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.

Además, la ministra de Economía Silvina Batakis mantuvo contactos con diputados oficialistas.

La búsqueda de consensos apunta, en esta primera etapa, a sondear a los apoyos “internos”: es decir, dentro del propio oficialismo, entre los legisladores del kirchnerismo. Los operadores sciolistas no desconocen que sin el respaldo de los diputados y senadores que reportan directamente a la Rosada, el proyecto no avanzará.