La definición de “interés público”, jurídicamente hablando, es amplia. A grandes rasgos, cuando una actividad es declarada de interés público, significa que el Estado adquiere la potestad de intervenir y así regular el mercado en cuestión. Es decir, que podría, entre otras cosas, fijar el precio para su comercialización, establecer cupos de producción, propiciar beneficios impositivos o garantizar el abastecimiento. Así, el Estado podría garantizar, por ejemplo, que todos los diarios del país obtengan el papel a igual precio.

EXPROPIACION

Algunos opositores, sin embargo, sostienen que esa declaración puede ser el primer paso para una expropiación. Este mecanismo obligatoriamente debe realizarse a través de un proyecto de ley que debe aprobar el Congreso, para lo que se necesita demostrar un objeto por el cual es necesaria la expropiación. El interés público de determinada actividad, en ese sentido, puede ser el argumento necesario para defender una expropiación.

MARCO REGULATORIO

El proyecto del Gobierno deja en manos del Poder Ejecutivo la elaboración del marco regulatorio que va a regir para la actividad declarada de interés público. Lo hará, además, con la colaboración del Consejo Federal que se armaría con la aprobación de la ley. Una vez realizado, deberá ser enviado al Congreso y aprobado por ambas cámaras. No obstante esto, la oposición sostiene que la declaración de interés público y el marco regulatorio deberían aprobarse en conjunto. Así, evitaría que haya un vacío legal por el cual el Gobierno podría intervenir en la actividad sin ningún marco que lo regule.

CONSEJO FEDERAL

Es un aspecto importante del proyecto, porque establece que los dueños de todos los diarios del país podrían ser parte de la discusión. Así, el Gobierno busca que empresarios de medios del interior que fueron perjudicados por Papel Prensa presionen para conseguir un cambio. No sería lo mismo que el Ejecutivo fije el precio y las condiciones de distribución a que lo hagan la mayoría de los dueños de diarios.

COMISION BICAMERAL

Será de carácter permanente y deberá hacer un seguimiento de la fabricación, distribución y comercialización del papel para diarios. Deberá ser integrada por ocho diputados y ocho senadores, respetando la proporcionalidad de cada cámara. Algunos sostienen que debe tener predominio opositor siempre, para evitar que el poder gubernamental regule la actividad.

LEGALES

Los opositores aseguran que el proyecto es inconstitucional porque viola el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe las leyes “que restrinjan la libertad de imprenta”, y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que condena el “abuso de controles oficiales o particulares de papel” para diarios. Los que defienden el proyecto sostienen que no se ataca la libertad de prensa sino que se la defiende al garantizarle a todos los diarios el acceso al papel.