El centro de atención fue el DNU 324 firmado por Cristina Kirchner el 30 de diciembre de 2011 porque crea una comisión especial en el ámbito de la Secretaria de Hacienda para revisar los sueldos de los empleados estatales que más ganan con el argumento de corregir inequidades.

Para salir al cruce de la oposición y de los gremios estatales como ATE, que denunciaron la intención gubernamental de realizar un ajuste en el bolsillo de todos los trabajadores públicos, el kirchnerismo se vio obligado a precisar a quién va dirigido el "reordenamiento" que dispone el decreto en cuestión.

El senador Miguel Pichetto sostuvo: "Del texto que mandó la Presidenta se entiende claramente que se analizarán las remuneraciones que están por afuera de los beneficios adquiridos por los trabajadores en la convenciones colectivas de trabajo, como pueden ser algunos premios o incentivos. Se está haciendo un reordenamiento, no dice que vaya a hacerse una reducción. Lo que se busca es tener una mirada centralizada para que no haya inequidades como las que existen hoy, sobre todo entre los empleados de los organismos que tienen facultades recaudatorias".

Con eufemismos, Pichetto dejó en claro que la nueva medida del Gobierno nacional apunta sobre todo a los empleados de la AFIP y de la Aduana, quienes gozan de altos salarios gracias a suplementos surgidos de manera excepcional pero que luego se incluyeron de manera permanente en sus sueldos.

Un dato a tener en cuenta: el decreto 324/2011 fue rubricado por la Presidenta una semana después de que el titular de la AFIP acusara a los agentes de su organismo de "ser los mejores pagos" de toda la administración nacional, en un momento en que la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) mantenía una huelga que fue levantada por la intervención del Ministerio de Trabajo.

El polémico decreto dice textualmente que lo que se analizará son todos aquellos "conceptos no comprendidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría escalafonaria o de revista, aprobados por la legislación vigente, incluyendo los creados por normas especiales" y señala que éstos "deberán adecuarse a los requisitos, en el plazo que establezca la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Hacienda), para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance". Esta última frase deja ver que podrá haber recortes para algunos agentes públicos.

Tras la abultada victoria en las últimas elecciones, el kirchnerismo controla con facilidad la Bicameral de Trámite Parlamentario, ya que cuenta con 10 de los 16 miembros (son 8 senadores y 8 diputados).

Por eso ayer, con prisa, el oficialismo dictaminó favorablemente y sólo resta que alguna de las dos cámaras refrende esto en una sesión para que las medidas tomadas por la Presidenta tengan fuerza de ley.

La UCR en contra

El radicalismo solicitó que no se emitiera dictámenes sobre los tres primeros DNU que ayer fueron analizados ya que, según explicó el senador Luis Naidenoff, los tiempos que fijan las normas habían expirado y por lo tanto debían ser los cuerpos de ambas cámaras los que debían zanjar el asunto.

Además, el senador Ernesto Sanz, reclamó que la Presidencia mande un decreto -el 1.722/2011- por el cual se obliga a las petroleras y mineras a liquidar sus ganancias en el país ya que "toma como marco la Ley de Emergencia Económica y, por ende, esta comisión debe expedirse porque es una ley de carácter excepcional".

Los otros DNU que ayer el kirchnerismo refrendó son para reasignar partidas del ejercicio presupuestario 2011, modificar el artículo 1 de la ley que regula la medicina prepaga, cambiar aspectos de la ley de Ministerios y modificar un artículo de la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.