Francisco Pérez y el ministro de la Corte, Mario Adaro, trabajan para apurar el sistema, que acotará las funciones que tiene hoy la Policía de Mendoza. El ejemplo a seguir es Córdoba. De qué se trata y qué se busca. Las dudas.
La cita pertenece al gobernador Francisco Pérez, y la pronunció en el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial el 1 de mayo.
La tan mentada policía judicial se ha prometido tantas veces que pocos le prestaron atención a la afirmación del gobernador, que dejó entrever que se pondrá en funcionamiento pronto.
Lo cierto es que hay una diferencia sustancial en la realidad política actual respecto de los intentos anteriores de traspasarle la potestad investigativa de los delitos desde la Policía de Mendoza al Poder Judicial, más precisamente a la Procuración de la Corte.
El gobernador Pérez está en permanente contacto con el ministro de la Corte Mario Adaro, hasta hace poco más de un año compañero del mandatario en el gabinete de Celso Jaque. La buena relación es evidente, y Adaro se ha transformado en el operador en la Justicia del proyecto de Pérez de poner en funcionamiento, de una vez por todas, la policía judicial.
Con este objetivo, Adaro ha visitado Córdoba, única jurisdicción del país donde funciona la Policía Judicial. En la provincia mediterránea, Adaro ha hecho buenas migas con Darío Vezzaro, quien fuera hasta febrero fiscal general de la Justicia cordobesa. A diferencia de Mendoza, en Córdoba el cargo de fiscal general (equivalente al procurador), tiene fecha de vencimiento, y debe ser promovido por el Ejecutivo ante la Legislatura para seguir en su cargo.
Esto no sucedió en el caso de Vezzaro, quien no contó con el apoyo del gobernador Juan Manuel de la Sota –que lo propuso en el 2007– para renovar el período en el cargo. De todas maneras, es el hombre al que Adaro acudió para sacarse todas las dudas y empaparse del funcionamiento de la Policía Judicial de Córdoba, y trasmitirle la experiencia, con lujo de detalles, a Francisco Pérez.
DE QUÉ SE TRATA.
Vezzaro fue durante 5 años el jefe de la Policía Judicial de Córdoba, integrada por 900 agentes, entre abogados, médicos, genetistas,bioquímicos, criminólogos, psicólogos y psiquiatras, quienes revisten exclusivamente a las autoridades judiciales.
El Sol conversó con Vezzaro para intentar comprender cómo funciona la Policía Judicial y cuáles son sus cualidades, siempre destacadas en Mendoza a pesar de que desde hace al menos 12 años no se ha podido implementar. Según el ex fiscal general, la Policía Judicial básicamente garantiza "calidad" en la investigación de los delitos. "Gracias a la Policía Judicial, aseguramos que la instrucción de un hecho se haga con altas normas de calidad, lo que minimiza el riesgo de anulaciones de procesos, con el costo que esto le implica al Estado", detalla Vezzaro, un convencido de la utilidad del sistema.
En el esquema cordobés –donde la Policía Judicial sólo actúa en el Gran Córdoba y en un puñado de localidades más alejadas–, la llamada por los especialistas Policía Administrativa (es decir, la Policía común) sólo se dedica a la prevención del delito, a trabajos de inteligencia criminal y a colaborar con la Justicia cuando esta lo requiere. "La Policía Administrativa avisa al fiscal de un hecho, porque es la que recibe el aviso ante un delito, y una vez que la Justicia se hace cargo del lugar, la Policía Administrativa queda liberada para continuar con las tareas preventivas. Es por eso que es muy interesante que la investigación de un delito no caiga como otra responsabilidad en los policías", explica Vezzaro.
Y destaca, otra vez, la calidad de las instrucciones, ya que la Policía Judicial, además de contar con peritos especializados, está conformada en su gran mayoría por abogados, que, por formación y según el cordobés, "hacen mucho mejor las instrucciones, garantizando el debido proceso". Al mismo tiempo, Vezzaro pondera dos cuestiones que podrían estar generando resquemor por el avance de la Policía Judicial en la Policía de Mendoza: "La Policía Administrativa termina trabajando mejor, porque sólo se dedica a la prevención del delito, sin otras responsabilidad; además, se elimina el riesgo de apremios ilegales en comisarías, porque los detenidos no están más en manos de uniformados, sino que están bajo la responsabilidad de empleados del Poder Judicial, como son los integrantes de la Policía Judicial".
En ese sentido, el ex fiscal general y "asesor" de Mario Adaro, advirtió que es probable que en Mendoza haya resistencia por parte de la Policía provincial a la creación de la policía judicial: "Es importante remarcar que la Policía Judicial termina aliviando el trabajo de la Policía Administrativa, que se concentra en la prevención del delito, lo que, en definitiva, termina repercutiendo en que haga un mejor trabajo".
Asimismo, Vezzaro explica qué ha pasado en su jurisdicción cuando un efectivo de la Policía de Córdoba es investigado por un delito: "La experiencia que hemos tenidoes que la cúpula policial y sus pares no tienen otro camino que colaborar en la investigación que lleva adelante la Policía Judicial, porque no hay margen para encubrir a nadie; en definitiva, este sistema ha mejorado a la Policía de Córdoba, porque, cuando uno delinque, no hay posibilidad de que nadie lo cubra, ya que la investigación está fuera de la potestad policial".
El conocimiento que demuestra Vezzaro respecto de la Policía Judicial ha entusiasmado a Adaro y también a Pérez, quienes, en privado, se muestran ilusionados con la posibilidad de avanzar, de una vez por todas, en este cuerpo de investigadores, calificados, profesionales y bajo el mando del Poder Judicial, lejos de los vicios de la Policía de Mendoza, siempre cuestionada.
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En el Gobierno provincial, no todos están igualmente convencidos de que la policía judicial pueda ponerse en marcha antes de fin de año, como quiere Francisco Pérez.
Hay duda, muchas dudas, sobre todo en la cúpula del Ministerio de Seguridad. Altos funcionarios se muestran muy escépticos respecto de la utilidad de este sistema de investigación de delitos, que acotaría las funciones de la Policía provincial a la prevención del delito, sin injerencia en la investigación tras un hecho.
Las dudas –y resistencias– tienen que ver con las condiciones de trabajo de los efectivos que hoy conforman la Policía Científica, bajo la órbita de la Policía de Mendoza y, por ende, del Ministerio de Seguridad.
La duda está planteada sobre si esos efectivos estarían dispuestos a dejar el régimen policial para pasarse al judicial. Ellos serían, si se avanza con la decisión que Pérez quiere, los primeros integrantes de la policía judicial.
Para el ex fiscal general de Córdoba, Darío Vezzaro, esa situación se puede resolver fácilmente: "Sólo hay que mantener el estado y régimen jubilatorio policial paraesos agentes, pero que pasen a depender de la Justicia".
Según altos funcionarios del Ministerio de Seguridad, "recién en el tercer año de mandato de Paco podría comenzar a funcionar la policía judicial".
La afirmación, temeraria teniendo en cuenta la explícita orden del gobernador de avanzar en el proyecto, se explica porque, para Seguridad, "habría que empezar todo de cero; quizás con algunos agentes ahora, luego ir incorporando otros, que se capaciten, que estudien, poco a poco, y recién entonces lanzar la policía judicial con algunos integrantes. Mientras, la Policía de Mendoza es la que debe seguir investigando los delitos".
Queda claro que el entusiasmo de Pérez y del ministro de la Corte Mario Adaro no es compartido por algunos funcionarios del Ministerio de Seguridad.
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