La presidenta Cristina Kirchner se aferra desesperadamente al poder, que por cierto es cada vez más pequeño. No parece pasar por su cabeza la idea de reconstruir la autoridad, que se funda en el respeto y no en el temor al gobernante.

Una clásica distinción señala que el poder apela a la facultad de sancionar y se sustenta en la fuerza o en la amenaza, aun cuando también pueda ser empleado para otorgar recompensas.

La autoridad, en cambio, se basa en la capacidad de encauzar el comportamiento de los otros, sin necesidad de recurrir a la fuerza. Se funda en el consenso y la legitimidad.

Tras la derrota electoral, los Kirchner dejaron de lado la posibilidad de recrear su autoridad por medio del diálogo y la búsqueda de consensos. Apelaron exclusivamente al poder de coacción para seguir gobernando. Pudieron sancionar importantes leyes, como la de medios de comunicación audiovisuales y la reforma electoral, mientras tuvieron mayoría parlamentaria.

Ahora, con minoría en el Congreso, la lógica kirchnerista intenta torcer las leyes de la democracia en el mundo civilizado. Mientras en las democracias avanzadas el patrón de ordenamiento de un sistema político son las elecciones y los acuerdos interpartidarios que se traducen en políticas de Estado, para los Kirchner el patrón de ordenamiento es la caja.

Y como las lealtades para el kirchnerismo no son gratuitas, el manotazo a las reservas del Banco Central se convirtió para el Poder Ejecutivo en la mejor alternativa, como la apropiación de los fondos que administraban las AFJP en su momento.

Frente a los embates de la oposición, el kirchnerismo vuelve, como otras veces, a denunciar intentos destituyentes, en los que ahora incluye a parte del Poder Judicial. Ni siquiera puede hablarse de paranoia oficial. Apenas artillería política con muy débiles municiones.

Respecto del pago de la deuda con reservas, la cuestión que originó un desaguisado tras otro, el oficialismo intenta convencer a la ciudadanía de que en la oposición sólo hay dos alternativas: no pagar o ajustar la economía. "Si tienen una mejor forma de pagar, juro que la voy a adoptar", dijo ayer la Presidenta.

Los dirigentes de la oposición deberían aportar respuestas más convincentes frente a este desafío, algo que no es sencillo, dado que este conglomerado político no está unido por un programa común, sino más que nada por el espanto al kirchnerismo.

Por lo pronto, no les falta razón cuando señalan la necesidad de rediscutir un presupuesto que se ha tornado inviable. Tampoco a la hora de hacer valer la facultad constitucional del Congreso de arreglar el pago de la deuda, que los decretos presidenciales parecen desconocer.