Antonio Bonfatti flanqueado por los ministros de Gobierno, Rubén Galassi, y de Seguridad, Leandro Corti (derecha). Las tres áreas que pasan a control político seguirán a cargo de personal policial.

Santa Fe.— El gobierno provincial resolvió ayer colocar bajo su control directo las fuerzas policiales dedicadas a la persecución del tráfico de estupefacientes y del delito de trata de personas. También quedó bajo el comando de la esfera política la conducción de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

La determinación, que implica sacarle al jefe de policía provincial la competencia sobre el mando de estas fuerzas, apunta a varios propósitos: producir un vínculo más directo entre las órdenes impartidas desde el gobierno para perseguir estos ilícitos, que las estrategias se centren en un estudio de campo más certero en base a la información elaborada por el Ministerio de Seguridad, y desactivar los nichos de corrupción en áreas críticas de la fuerza.

Las tres dependencias cambian de rango policial a político. Por ahora sus conductores seguirán siendo policías. Pero el gobierno alienta la idea de que estas direcciones queden, en el futuro, bajo la órbita de una nueva Secretaría de Delitos Complejos.

El discurso. A 24 horas de haber anunciado ante la Asamblea Legislativa que el "narcotráfico es uno de los problemas más complejos que afrontan las sociedades, causante de inseguridad, violencia y desintegración social", el gobernador Antonio Bonfatti firmó ayer un decreto destinado a garantizarse el manejo directo de la estrategia para combatir la narcocriminalidad y la trata de personas.

Las tres fuerzas que quedan a cargo del ministro de Seguridad, Leandro Corti, son la TOE, las Direcciones General de Prevención y Control de Adicciones, y la flamante Dirección Especial de Trata de Personas. Esta última jerarquizada al pasar de división del departamento 5 de Jefatura a dirección especial, y ambas encargadas de los proceso de producción, de análisis e inteligencia de la información criminal en base a la cual, desde hoy, la TOE llevará adelante las acciones de represión y persecución del narcotráfico tanto como de los tratantes de personas.

Como pocas veces, el gobierno instaló expectativa sobre el anuncio que se realizó al promediar la tarde en conferencia de prensa que Bonfatti, Corti y el ministro de gobierno, Rubén Galassi, brindaron en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

"En mi mensaje en la Legislatura, al poner en marcha el 130 periodo ordinario de sesiones, expresé que el narcotráfico es un flagelo en el mundo al que el país y la provincia no son ajenos, por lo que tenemos que combatirlo con las máximas decisiones. Es decir, desde la responsabilidad que nos cabe como Poder Ejecutivo y, también, convocando a toda la sociedad porque estamos frente a un enemigo muy poderoso. La droga no penetra solamente porque haya un vendedor sino porque hay condiciones de labilidad de la sociedad que lo permiten. Por lo tanto haremos todos los esfuerzos para convocar a todos a afrontar esto que consideramos es el problema número uno que tenemos en la provincia. Para ello en los próximos días estaremos llamando nuevamente a los Consejos de Seguridad, a los legisladores, a los ejecutivos municipales y comunales, a las justicias provincial y federal, a la sociedad civil", anticipó el gobernador.

Los nombres. Minutos antes Corti había anunciado las dos ratificaciones y la virtual intervención que hubo en las áreas en cuestión. "En primer lugar , la Dirección Especial de Trata de Personas va a continuar a cargo de la comisario inspector Mónica Viviani. Al frente de la TOE continuará como jefe y principal responsable el comisario inspector Roberto Benítez. Se producirán cambios en la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones. La decisión política ha sido que desde hoy el principal responsable, quien ejerza la función de director general con enlace directo al Ministerio de Seguridad, sea el comisario general Cristian Sola, quien continuará también cumplimentando las funciones de subjefe de policía de la provincia. En esta área lo secundará como subdirector el comisario inspector Ernesto Andreozzi", dijo.

"No partidizar". Bonfatti exhortó a tomar el problema del narcotráfico "bien fuerte entre todos" y exhortó a no partidizarlo o politizarlo. "Es un tema que nos debe preocupar a todos y pensar en lo que estamos haciendo hoy en función de cómo vamos a dejar la sociedad mañana. ¿Qué estamos haciendo cada uno para enfrentar a esta situación? Mi peor imagen para cuando termine la gestión sería que no hayamos hecho retroceder a este problema. Le decía a integrantes de otros poderes del Estado santafesino que frente a esta realidad debemos estar todos juntos. Obviamente que desde el Ejecutivo asumimos las responsabilidad en lo que nos concierne a la administración de la fuerza de seguridad. No les quepa la menor duda que voy a firmar todas las decisiones para producir los cambios que sean necesarios como estos que tomamos en el día de la fecha con plena conciencia del paso que damos: que el poder político esté en forma directa sobre tres áreas que consideramos esenciales".

Un reto que exige diseño y recursos

(Por Hernán Lascano / La Capital). _ Aunque son tres las áreas policiales que pasan a la esfera directa del poder político, la mirada más atenta centra el foco en la ex Drogas Peligrosas. La narcocriminalidad ha escalado en la provincia como factor de la violencia urbana y de la preocupación pública. Y a la vez nunca esta dirección policial ha sido capaz de despejar persistentes incógnitas sobre su desenvolvimiento.

  Lo que el gobierno parece buscar es eliminar interferencias entre la orden operativa impartida a la policía y su ejecución en el territorio. A la vez, ajustar las operaciones a una estrategia basada en la información colectada en la comunidad y estadística elaborada por el área de Análisis Criminal. Y sepultar el criterio de definir el quehacer en base a “datos de calle” que orientan a menudo acciones contra el tráfico barrial de manera espasmódica y no pocas veces oscura.

  Es una tarea empinada y por hacerse. Conectar la persecución de delitos que se cruzan, como ocurre con el narcotráfico y la trata, es un intento complejo. Las autoridades saben que para ello deben poner el mayor esfuerzo en recursos humanos, inteligencia criminal y logística. Hace unos días, en este diario, un penalista de buena sintonía con la administración socialista, Alberto Binder, señalaba que el negocio de la droga trepa a raíz de ingresos que permiten pagar movilidad, información y asesoramiento profesional. Para desbaratar esa dinámica, decía Binder, hay que contar con lo mismo. Además actuar rápido.

  El desafío también pasa, justamente, por delimitar dos campos confundidos: el del delito y el del que debe perseguirlo. Un control civil, en base a información construida con idoneidad por actores de distintas carteras que recogen lo que pasa en el territorio es un primer paso para producir algo distinto. El debate de la reforma tributaria es una buena ocasión para sentar prioridades frente a un reto que, para afrontarlo en serio, requiere recursos mayúsculos.