Así lo establece el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura y que apunta a la clausura de los locales en los que se realiza o se facilita el ejercicio de la prostitución. La iniciativa, similar a una propuesta que venía desarrollando La Cámpora, será tratada por la Legislatura la próxima semana. Contra la trata de personas.
El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo combatir la trata de personas bajo el criterio de "Prostíbulos cero", que implicará, a partir de su puesta en vigencia, la clausura inmediata y definitiva de esos locales.
Se trata de un concepto sobre el cual ya venía trabajando, con la elaboración de una iniciativa similar, la organización kirchnerista "La Cámpora", a través del parlamentario Jesús Salim.
La propuesta del Ejecutivo, que lleva las firmas del gobernador, José Alperovich y del ministro de Seguridad, Mario López Herrera, ya tiene estado parlamentario y será aprobada en una sesión prevista para el próximo miércoles.
El proyecto apunta a "la protección de personas en locales abiertos al público o de acceso público en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello".
La iniciativa consta de 11 artículos, el primero de los cuales "prohíbe en todo el territorio provincial" los lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución y "que funcionen bajo cualquier modalidad, como wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne".
En tanto, el segundo artículo dispone "la inmediata clausura y cierre definitivo, a partir de entrada en vigencia de la presente ley", de los locales comprendidos en el punto anterior. El proyecto firmado por Alperovich faculta a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Seguridad, a adoptar todas las medidas necesarias "para garantizar el cumplimiento" de la clausura definitiva de esos lugares.
De acuerdo al artículo tercero de la iniciativa oficial, estarán contempladas "penas de arresto de hasta 60 días quienes violen los alcances de la ley" que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en Tucumán.
El proyecto también aclara que en todos los procedimientos que se realicen para la clausura de estos locales "deberán garantizarse los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo la prostitución de manera voluntaria", es decir, que no podrán ser detenidas. Además, prevé que aquellas personas que ejerzan la prostitución en esos sitios y que "no puedan acreditar su identidad, serán consideradas víctimas de la Trata de Personas" y, por lo tanto, recibirán "asistencia del Ministerio de Desarrollo Social".
La propuesta que debatirá la Legislatura la próxima semana también establece que el Ministerio de Educación "deberá arbitrar los medios necesarios para la creación de un Programa de Enseñanza para la Prevención del Delito de Trata de Personas".
Finalmente, se contempla la creación de una "Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Recuperación y Contención de Víctimas de la Explotación Sexual".
En los fundamentos del proyecto, que tiene fecha del pasado 9 de agosto, el Poder Ejecutivo hace hincapié en los derechos humanos contemplados en tratados internacionales que se ven vulnerados a raíz de la explotación sexual; al tiempo que hace alusión al avance de los flagelos de la Violencia de Género y la Trata de Personas.
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