Por Patricia Valli

Pese al fallo adverso de una corte de apelaciones de los Estados Unidos que obligaría a la Argentina a pagar intereses de deuda a los fondos buitre, en el Gobierno estiman que “los próximos pagos no deberían estar comprometidos”, mientras analistas del mercado advierten, no obstante, que se podría entrar en un “default técnico” aunque se cancelen los vencimientos en dólares. La prueba de fuego será el próximo mes, cuando venzan el Global 2017, el cupón atado al PBI y, sobre fin de mes, los pagos por los bonos Discount y Par, todas emisiones vinculadas a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que totalizan pagos por más de US$ 4 mil millones.

En Economía apuestan a que, según los tiempos legales en Estados Unidos, la resolución no llegará hasta entrado 2013. Cada nueva instancia lleva entre tres y seis meses, según la experiencia acumulada hasta el momento con los fallos del magistrado del distrito de Nueva York, Thomas Griesa.

En el Palacio de Hacienda aseguran, por lo tanto, que seguirán adelante por el camino judicial. “Hay voluntad argentina de llevar el reclamo hasta los límites” del litigio, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El primer fallo por la interpretación de la cláusula pari passu, que implica el trato igualitario a todos los bonistas y que para Griesa determina una “discriminación” argentina contra fondos buitre y holdouts, llegó en diciembre del año pasado. En febrero de este año se produjo la apelación por parte de la Argentina y el mes pasado la Cámara de Apelaciones emitió un fallo “parcial” en el que ratificaba la posición del juez neoyorquino.

El sendero legal se bifurca en dos instancias: por un lado, la “prorrata”, es decir, la definición por parte de Griesa de cuánto habría que pagarles a los holdouts –en este caso, al fondo buitre NML Capital–, que presentó una demanda por US$ 1.333 millones, aunque de darle la derecha a la firma de Elliott Management fijaría un antecedente para las demás demandas.

La otra parte es la apelación de la cláusula pari passu, donde la defensa argentina establece que no hubo discriminación porque se abrieron dos oportunidades de canje en las que fondos buitre y holdouts optaron por no participar, mientras que los demás tenedores de bonos aceptaron las ofertas y se reestructuró así el 93% de la deuda.

“Se trata de una interpretación muy amplia del alcance del pari passu por parte del juez Griesa, que la defensa argentina confiaba en rectificar en la Corte de Apelaciones, particularmente luego de incluir en su presentación sendos testimonios de la asociación de Clearing y del mismo Departamento del Estado de EE.UU., respaldando la posición argentina. Pero la ratificación unánime del fallo de Griesa podría constituir un ‘huracán’ para las costas financieras argentinas”, ponderó un informe a cargo de Empiria, la consultora del ex gerente del Banco Central Hernán Lacunza.

“El fallo de la justicia norteamericana está en suspenso, es decir, no implica ningún aspecto de aplicación práctica”, aseguró ayer el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino. La deuda con privados en dólares alcanza el 9,4% del PBI, según explicó el funcionario.

En la semana, los analistas de mercado se centraron en la posibilidad de que la Argentina busque vías alternativas para realizar los pagos y evitar embargos. Para los pagos de los títulos emitidos bajo legislación de Nueva York, Economía gira los pagos al Bank of New York. Esos fondos son los que serían pasibles de embargo, según las versiones de la semana, aunque retenerlos en realidad implicaría retener el pago a los bonistas que aceptaron cambiar sus títulos en default.

“Se puede dar la paradoja de que Argentina pague los bonos de la deuda que entró al canje fuera de la jurisdicción de Nueva York, aunque haya una orden judicial que se lo impida, y al mismo tiempo entre en default técnico porque se cambia la forma de pago”, evaluó el economista de FIEL, Daniel Artana.

Aniversario del cepo

En un año de cepo cambiario salieron US$ 6.905 millones de los depósitos en dólares de los bancos, casi la mitad de los fondos, según detalló ayer un informe del Banco Central.

La baja representó un 46,3% desde el 28 de octubre de 2011, cuando comenzaron a implementarse las restricciones para acceder a moneda extranjera. La primera medida fue la puesta en marcha del “programa de consulta de operaciones cambiarias”, llevado a la práctica por la AFIP, que controló cada operación desde el 31 de octubre de 2011.

En ese momento, los depósitos en dólares en los bancos ascendían a US$ 14.914 millones. El drenaje de depósitos se intensificó con la sucesión de las medidas sobre las divisas.