Con el recurso se "busca que el juez defina el alcance de la medida ya que afectaría concretamente la posibilidad de toda práctica católica, es decir desde rezar en las escuelas o bendecir alimentos hasta la asistencia a las misas en honor al Señor y Virgen del Milagro e incluso la participación en la procesión del 15 de Setiembre o en las distintas fiestas patronales que se desarrollan en los 59 municipios del interior de la provincia".

Por otra parte, Padrós insistió en indicar que "el Estado salteño necesita que el juez aclare qué debe entenderse por prácticas de la religión católica dado que el fallo no lo especifica y a los efectos de saber si esta prohibición alcanza sólo a las prácticas de la religión católica u otras religiones".

Con respecto a las pruebas acercadas por el juez, se indicó que el hecho de que haya rezos en las escuelas "no responde a una directiva del Gobierno de la Provincia si no a la espontánea manifestación del sentimiento religioso de los maestros y alumnos de las escuelas reflejando así una pauta cultural hondamente arraigada en el pueblo de Salta".

El Gobierno no dudó en preguntar por el tema que promete abrir la mayor polémica: la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, "donde los alumnos de todos los niveles participan de una serie de actividades conmemorativas previas a la procesión del 15 de Setiembre o las fiestas patronales".

"La currícula oculta"

La abogada de la ADC, Gabriela Gaspar, entendió que el fallo de Domínguez "va más allá" de lo solicitado en tanto apunta no sólo a la currícula formal "sino a la oculta", que también apunta "a un trato discriminatorio". Reconoció positivamente la resolución de Domínguez, y sostuvo que con este fallo el juez "ha garantizado los derechos" de los chicos, y sus derechos individuales.

Indicó que tras la presentación del amparo "cambiaron algo las cosas", pero el dictado de la religión católica (lo cual se probó en el fallo de Domínguez), sigue siendo obligatoria. Sostuvo que incluso hubo casos en los que los padres decidieron cambiar a sus hijos de escuela por la situación que se había generado.

Aunque por el momento los pasos a seguir siguen en análisis, señaló que se pediría desde su sector una ejecución de la sentencia en un tiempo que se pueda determinar desde la Justicia.

Al responder la demanda, la Fiscalía de Estado entendió que "lo discriminatorio es pretender privar a todos esos niños y niñas de un derecho plasmado constitucionalmente, sólo porque algunas personas no alcanzan a entender el verdadero significado de garantizar ese derecho". Respecto de esta y otras posturas de la gestión de Juan Manuel Urtubey, Gaspar sostuvo que se tienden a minimizar los reclamos de la sociedad que representa el mandatario "en donde también están los de la minoría". Y entendió que las medidas de aclaratoria sólo apuntan a dilatar los tiempos, en tanto "el fallo es muy claro".

Mientras, y aunque Nuevo Diario trató de localizar a Ramiro Saravia, abogado de los padres que se presentaron en el amparo a favor del dictado de la materia en las escuelas, no se pudo dar con el letrado.