Las posibilidades estaban planteadas en una opción de máxima, que incluye el anuncio de un proyecto de ley para declarar “de utilidad pública” la actividad petrolera y adecuar así la legislación vigente desde 1994 para que sea compatible con la vuelta del Estado a la gestión de YPF.

Sin llegar a la compra de parte de las acciones en poder de la española Repsol y de las que adquirió el Grupo Petersen (Eskenazi) entre el 2008 y el año pasado, la otra opción incluye el ingreso de las provincias en el directorio y un mayor peso del Estado en la toma de decisiones.

En cualquier caso, el anuncio oficial apuntará a devolverle al Estado el control sobre las inversiones, la producción y la exploración de la empresa, pero permitiendo que los privados tomen parte en los desembolsos necesarios y las utilidades que se generen.

La incógnita que hasta anoche se mantenía en el mercado y en casi todo el Ejecutivo es de dónde saldrán los fondos que harán falta para la eventual recompra de acciones, incluso tras la caída del 20% en el valor bursátil de la empresa que generó el quite de concesiones por parte de las provincias. Por eso en el Ministerio de Planificación advertían que jugarán un rol “fundamental” las compañías ya activas en el país. Y en el sector miran de reojo a CNOOC y SINOPEC, las dos firmas de capitales chinos con fuerte presencia en la Patagonia.

Los lobbies cruzados y las operaciones mediáticas abundaron durante toda la jornada. Anoche, voceros de YPF aseguraron que durante el día no había habido contacto alguno entre el Gobierno y el CEO de la empresa, Sebastián Eskenazi. El jefe de Repsol, Antonio Brufau, pasó su tercer día consecutivo en Buenos Aires sin que lo recibieran en despachos oficiales. Esta mañana sí será recibido en la Casa Rosada, presumiblemente por la Presidenta, el ministro Julio De Vido y los secretarios Carlos Zannini y Axel Kicillof.

Como indicador de que la decisión de avanzar ya está tomada, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, resolvió quitarle la concesión a YPF del campo petrolero de Los Perales, que representa un 11% de la producción nacional. Tres horas antes, al filo de que se venciera el plazo que le había impuesto la provincia, YPF le presentó un plan de inversiones por u$s4.379 millones para el período 2012-2017 en las once áreas petroleras que maneja en el distrito. Fue rechazado de plano.

Antes de los anuncios, Cristina encabezará esta tarde una reunión de la Organización Federal de Productores de Hidrocarburos (Ofephi). De la cita con la Presidenta participarán, además de Peralta y el neuquino Jorge Sapag, los gobernadores de Formosa, Gildo Insfran; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Mendoza, Francisco Pérez; de La Pampa, Oscar Jorge; de Río Negro, Alberto Weretilneck; del Chubut, Martín Buzzi, y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

El cambio es de tal magnitud para la economía local que desencadenó discusiones en el Gobierno sobre cómo hacer para que no afecte negativamente la marcha de la actividad en lo que resta del 2012.

Un modelo que utiliza casi toda la región

Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que privatizó completamente su petrolera estatal, YPF. Durante el 2004 se promulgó la ley de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), pero esa firma se concentró en la importación de energía.

En el resto de la región, los países decidiero conservar la participación estatal en las distintas compañías de hidrocarburos.

En México, Pemex puede celebrar contratos con empresas privadas para explorar y explotar como parte de un intento por recuperar reservas.

Por su parte, Colombia cuenta con Ecopetrol, que fue parcialmente privatizada. Además, Ecuador tiene a PetroEcuador y ha renegociado las concesiones a empresas privadas para que el Estado se quede con una mayor porción de la renta diferencial. Esa fue la razón por la cual la estatal brasileña Petrobras se fue del país. Se trata de una firma que cotiza en bolsa pero la mayoría accionaria está en manos del estado brasileño.

Además, Petrobras está presente con al menos el 30% de la participación de los yacimientos en el mar de la llamada provincia petrolera de Pre-Sal y otras áreas estratégicas que se rigen a partir de una ley aprobada en 2010.

En Perú funciona PerúPetro; en Chile, ENAP y en Uruguay, ANCAP.

En tanto, Bolivia reestatalizó YPFB y también renegoció los contratos.