El Gobierno dispuso ayer liberar $ 2.000 millones anuales a las obras sociales sindicales y se comprometió a acelerar el pago de otros $ 500 millones por reintegros adeudados a las prestadoras gremiales por el financiamiento de medicamentos y tratamientos de alta complejidad. La decisión constituyó un claro guiño político de la presidenta Cristina Fernández hacia los gremios más afines al Ejecutivo, enrolados en el antimoyanismo, que en las últimas semanas mantuvieron intensas negociaciones con funcionarios kirchneristas para destrabar el reparto de fondos a las obras sociales, tal como anticipó este diario el jueves pasado. En cambio, Hugo Moyano y sus sindicatos aliados optaron por recurrir a la vía judicial para exigir el pago de los fondos adeudados a sus prestadoras.

La medida fue anunciada en la tarde de ayer por la superintendenta de Servicios de Salud, la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld, quien indicó que los

$ 2.000 millones serán distribuidos en el marco de un nuevo Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), cuando en realidad se trata de recursos que provienen de los aportes y contribuciones laborales y se acumulan en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo reparto los gremios reclaman desde hace años. Según el esquema definido por el Ejecutivo, esos fondos se distribuirán mensualmente entre las obras sociales en base a una fórmula que contempla el reparto de un 20% de los recursos mediante un componente fijo e igual para todas las prestadoras de más de 5000 afiliados y el 80% restante a través de un componente variable y proporcional a la cantidad de afiliados de cada entidad. De esa forma, las obras sociales más chicas y con trabajadores de menores salarios resultarán las más beneficiadas, con una mejora de hasta el 17% en sus ingresos, en tanto las entidades con más afiliados y mayores sueldos, obtendrán una mejora de hasta el 4,2%.

Previo a la oficialización del anuncio, Korenfeld se reunió ayer con los dirigentes del antimoyanismo José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (Upcn), a quienes anticipó la medida y les prometió el pago de parte de los reintegros adeudados de la disuelta Administración de Programas Especiales (APE) por los tratamientos de alta complejidad, lo que representaría para las entidades sindicales un ingreso adicional de alrededor de $ 500 millones. Justamente con la intención de “agilizar y transparentar” el pago de esas compensaciones, la funcionaria también anunció ayer la implementación del nuevo Sistema Unico de Reintegros (SUR), que funcionará on line y suplantará los mecanismos operativos de la desaparecida APE. “No habrá más expedientes por vía de excepción porque siempre quedan a la discrecionalidad de los funcionarios de turno”, dijó Korenfeld.

Las nuevas medidas, sin embargo, no avanzaron en definiciones acerca del destino de los casi $ 15.000 millones acumulados en el FSR, pese a los constantes reclamos gremiales por su distribución. La anunciada liberación de $ 2.000 millones, monto que se irá actualizando por el nivel de recaudación de aportes y contribuciones, en la práctica implicará el reparto de casi la totalidad de los ingresos mensuales del FSR, lo que evitaría que se acumulen allí más recursos del sistema.

Desde el frente de gremios antimoyanistas se mostraron ayer conformes con los anuncios del Ejecutivo y destacaron que los recursos se distribuirán entre las prestadoras sindicales bajo “un principio de equidad”. “Es un hecho muy positivo la liberación de estos fondos porque fortalece y ayuda a la situación financiera de las obras sociales”, consideró Lingeri en diálogo con El Cronista. Una posición similar expresó el dirigente de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, quien valoró la decisión del Gobierno ante los pedidos de los gremios del sector.

En tanto, el moyanismo mantiene su posición de reclamar en la Justicia la distribución de los millones acumulados en el FSR y el pago de la deuda por reintegros, para lo cual ya iniciaron más de una docena de demandas contra el Estado.