El gobierno de San Juan formará parte de una comisión especial que discutirá si la AFIP podrá o no cobrar una deuda que le reclama a las empresas con promoción industrial. En la provincia hay más de 60 empresas que podrían tener que pagar una deuda cuyo monto total ronda los $700 millones. Con estas reuniones se buscará poner fin a una vieja polémica del ente recaudador con unas 220 empresas que tienen promoción industrial y que están distribuidas en las provincias de San Juan con 60 empresas, La Rioja con otras 60 firmas y San Luis con 100.

Según la AFIP, estas empresas promocionadas le deben un total de $3 mil millones al fisco por una actualización de cupos de promoción industrial que se hizo durante la crisis de 2001. El problema es que la AFIP dice que estos cupos ampliados no correspondían y piden que las empresas beneficiadas devuelvan el dinero.

Una de las empresas a las que le cobró la AFIP fue a la firma Orbis que tiene su fabrica en San Luis. Esta polémica judicial llegó hasta la Corte de Justicia en donde el 28 de junio hubo una audiencia en la que se presentaron los gobernadores de San Juan, José Luis Giojas; de La Rioja, Luis Beder Herrera y de San Luis, Claudio Poggi. Todos estos gobernadores se sumaron como partes interesadas en el litigio porque su resolución puede afectar el futuro de las firmas promocionadas en sus provincias.

En esta audiencia, el tribunal federal determinó un plazo de 90 días para que las partes traten de acordar una salida al conflicto. El gobierno de San Juan participará de este proceso de negociaciones junto a las autoridades puntanas y riojanas. Marcelo Alós, ministro de Producción local, explicó que ademas de los funcionarios de las provincias, participarán funcionarios de los ministerios nacionales de Economía, Industria y de AFIP.

Alós aseguró que espera que pronto comiencen todos los encuentros, de lo contrario el gobierno de San Juan se comunicará con el área de industria para que fije una fecha para el primer encuentro. Sobre los funcionarios que representarán a la provincia en estas negociaciones, Alós aseguró que es posible que él mismo vaya a los encuentros además de la secretaria de Industria, Sandra Barceló, además se sumará el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis.

El ministro se mostró confiado en que “se encontrará una solución a este tema”, aseguró. Es que según el funcionario el gobierno nacional no hará nada que atente contra las industrias en épocas en las que se busca reactivar la producción y aumentar el empleo.

Por su parte, Gustavo Fernández, desde la filial local de la Unión Industrial, también se mostró optimista sobre la pronta resolución de la polémica. Fernández explicó que en el caso de las firmas locales incluidas en el conflicto se trata en su mayoría de pymes familiares, por lo que el cobro de una deuda como ésta puede afectarles seriamente. Por eso las intimaciones de AFIP han generado cierta intranquilidad en el sector. Fernández aclaró que ellos no reconocen estas deudas, por eso se niegan a pagarlas. Además agregó que piensa que el gobierno nacional no saldrá a cobrar estas deudas porque implicaría dañar a los sectores productivos que pretende potenciar.