Los teléfonos de los funcionarios más cercanos a Celso Jaque no paraban de sonar. De pronto se vio más de una cara de alivio porque la jugada había salido bien. La noticia que recibían cerca del mediodía es que habían logrado frenar la aprobación de los balances de la empresa eléctrica Edemsa correspondientes al último período del 2009. Esto, porque los tres directores de la firma por parte del Estado se abstuvieron de votar, al observar que la empresa podría estar desviando el llamado "objeto social" de la misma.

El punto en conflicto es que desde hace meses vienen registrando la creación de un fideicomiso -que ya recibió más de 60 millones de pesos- y que podría estar siendo utilizado para financiar otras unidades de negocios relacionadas con Edemsa o prestar fondos, desviando absolutamente el objeto social de la empresa y conformando un importante incumplimiento al contrato de concesión del servicio.

La movida se venía cocinando desde hace poco más de 15 días en el Ejecutivo y es el primer balance que los directivos por parte del Estado logran frenarle al directorio por parte del sector privado.

La sospecha es que la empresa oculta información relevante para evaluar si se está cumpliendo con el contrato de concesión en especial con el plan de inversiones propuesto. Pero lo que es más grave es que los fondos que se desvían al fideicomiso, creado con otro objeto, son parte del dinero con que los empresarios podrían estar pagando deudas que mantienen con el Estado en concepto de canon u otras obligaciones, según la especulación oficial. Aunque conocedores en servicios públicos advierten una cuestión algo más grave: que esos fondos se destinen a financiar otras unidades de negocios -entre ellas, la exploración petrolera en la que están inmiscuidos los empresarios- o simplemente a prestar dinero a otras firmas.

La abstención de los directores por el Estado, Ricardo Reta, Armando Surballe y Daniel Rada, fue confirmada por el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien no quiso revelar mayores detalles del cónclave que horas antes trajo tanto alivio al Gobierno. Sólo se limitó a decir que el Ejecutivo quiere mayores precisiones y no dio detalles del fideicomiso en cuestión.

La situación es difícil de desenmarañar, porque en la conformación de la empresa de servicios públicos se prevé la creación de un fideicomiso con el objeto de amortiguar una potencial devaluación del peso, puesto que los ingresos son en pesos y los insumos que utiliza la firma se comercializan en dólares. Pero ese fondo se habría desvirtuado absolutamente y este es el punto que hace sospechar al Gobierno de que se podría estar ante una pérdida del objeto social.en picada. La relación entre los empresarios que hoy comandan el servicio eléctrico a través de su participación accionaria en Edemsa -el grupo Vila-Manzano- y el Gobierno viene en picada desde hace meses. La gota que colmó el vaso fue una amenaza telefónica que habría recibido Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación, el 11 de noviembre, mientras se desarrollaba una importante reunión en Edemsa, en la que miembros del directorio por parte del Estado votaron en contra de una resolución que los habilitaría a tomar un endeudamiento por 60 millones de pesos, argumentando que la empresa atraviesa uno de los peores momentos de crisis. Tras el rechazo de estos tres directores, Cazabán dice haber recibido una amenaza telefónica de un enviado de José Luis Manzano advirtiendo que, si no daba luz verde al endeudamiento, caerían cinco demandas penales en contra de la figura del gobernador Jaque y su gestión.

Veinte días después de esta amenaza, el secretario general de la Gobernación se presentó en la Legislatura denunciando que el Ejecutivo había sufrido presiones y extorsión por parte de estos empresarios, también propietarios del multimedios Uno, entre varias otras firmas.el camino. Todo hace suponer que la intervención de Edemsa está decidida en el círculo íntimo de Celso Jaque, pero primero el gobernador quiere tener un panorama claro de lo que las concesionarias que prestan el servicio eléctrico hicieron en los últimos años. Por eso, sobre su escritorio tiene un informe que el 7 de diciembre le entregó el ministro Pérez con un detalle de la inversión, los pagos y el estado del Fondo Compensador de Tarifas, entre otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los contrato de concesión.

En el escrito, que se mantiene bajo el más estricto hermetismo en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, se podría ver que las empresas eléctricas no son ningún modelo de administración, como en esa cartera intentaron sostener durante los dos primeros años de gestión. Esto, porque la mayoría debe millones por el canon y algunas no han cumplido con los planes de inversión comprometidos, entre otras cuestiones.